La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Congreso del Estado de Baja California incurrió en una omisión legislativa y debe modificar sus leyes para implementar una defensoría pública en materia electoral. Esta medida busca garantizar los derechos de las comunidades indígenas y de cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad dentro de la entidad.

El caso inició cuando una persona de la comunidad Triqui de San Quintín impugnó ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) la falta de un organismo público de defensa legal gratuita para asuntos políticos. Aunque el tribunal local desestimó la demanda bajo el argumento de que no existía una orden explícita en la Constitución, el asunto escaló a las autoridades federales.

Con base en el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, las y los integrantes del pleno concluyeron que la defensa jurídica gratuita en comicios no es una alternativa opcional, sino una obligación legal respaldada por la Constitución y por tratados internacionales para asegurar un trato equitativo y sin discriminación.

Tras revertir el fallo local, las máximas autoridades electorales establecieron que la creación de una Defensoría Pública de derechos político-electorales y grupos vulnerables no es una opción política, sino un mandato jurídico, por lo que ordenaron al poder legislativo bajacaliforniano ajustar la normatividad interna y encargaron al TJEBC dar seguimiento estricto al cumplimiento de este fallo.