El Senado de la República dio trámite de primera lectura a un dictamen con el que se busca obligar al Estado a adoptar medidas de protección integral para las víctimas directas e indirectas de feminicidio.

La propuesta adiciona la fracción IV del artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, enfocado en resguardar la seguridad personal, familiar y comunitaria, además de procurar el bienestar psicológico y la dignidad de los afectados.

El texto legislativo advierte que este delito continúa siendo una problemática grave de violencia de géneroen México, por lo que resulta indispensable fortalecer el marco legal en materia de reparación del daño.

Asimismo, la iniciativa retoma los criterios de la Ley General de Víctimas y protocolos internacionales para reconocer que las familias de las víctimas asumen las cargas emocionales, judiciales y económicas del delito, convirtiéndose en piezas clave para atender, sancionar y erradicar la violencia.