La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizó el derecho a condiciones de vida dignas para las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca (Neza-Bordo), al ordenar a las autoridades del Estado de México adoptar medidas de fondo ante el severo hacinamiento del penal.

El caso derivó de un amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Desde la presentación de la demanda en 2021, la sobrepoblación empeoró drásticamente, pasando de 5,116 internos a 5,823 para noviembre de 2025 en un espacio diseñado para apenas 1,834 personas, lo que representó un nivel de saturación del 217.50 por ciento.

El Pleno del alto tribunal determinó que las autoridades estatales incurrieron en omisiones y subrayó que el Estado debe actuar como garante de la dignidad humana. Las condiciones actuales, enfatizó el fallo, vulneran derechos fundamentales como la salud física y mental, la integridad personal, la alimentación, el acceso al agua, la higiene y el trabajo.

Como consecuencia del fallo, la SCJN fijó un plazo máximo de seis meses para que las dependencias responsables elaboren un plan multidisciplinario e interinstitucional que incluya adecuaciones de infraestructura, gestiones de presupuesto, revisión de beneficios preliberacionales y capacitación del personal, además de rendir informes trimestrales de avance.

Por otra parte, la Suprema Corte respaldó las reglas de la Secretaría de Economía para autorizar denominaciones sociales, asegurando que no vulneran la seguridad jurídica ni impiden que los tribunales otorguen protección reforzada a marcas notoriamente conocidas cuando sus titulares acrediten su valor comercial mediante pruebas sólidas.