La gobernanza abierta suele asociarse con conceptos como transparencia, participación y colaboración. Sin embargo, su importancia va más allá de estos principios. En sociedades cada vez más complejas, donde intereses legítimos compiten por el uso de espacios, recursos y bienes compartidos, la gobernanza abiertaofrece algo fundamental: mecanismos para construir legitimidad antes de que los conflictos estallen.

La reciente controversia por la instalación de una pantalla publicitaria flotante frente a las costas de Puerto Vallarta ilustra bien este desafío. Para algunos, se trató de una innovación comercial que aprovechó una oportunidad de mercado. Para otros, representó una intervención que alteraba un paisaje compartido. Ambas posiciones reflejan preocupaciones legítimas sobre cómo utilizar un espacio que, aunque no pertenece a una sola persona, forma parte de una experiencia colectiva. Precisamente por ello, el caso resulta interesante.

Con frecuencia, las discusiones públicas sobre este tipo de situaciones terminan concentrándose en una pregunta relativamente sencilla: ¿era legal? La interrogante es importante, pero insuficiente. La legalidadpermite determinar si una acción puede realizarse dentro de un marco normativo determinado. La gobernanza abierta plantea una pregunta distinta y complementaria: ¿cómo se construyen decisiones legítimas cuando existen intereses diversos sobre un mismo espacio?

La diferencia puede parecer menor, pero tiene implicaciones profundas. Durante décadas hemos perfeccionado mecanismos para otorgar permisos, definir competencias y verificar el cumplimiento de normas. Son funciones indispensables para cualquier Estado. Sin embargo, muchos de los desafíos contemporáneos involucran elementos que difícilmente caben en un expediente administrativo. El valor de un paisaje, la identidad de una comunidad, las expectativas de quienes habitan un territorio o la forma en que distintos grupos imaginan su futuro son cuestiones que rara vez pueden resolverse únicamente mediante una autorización.

Los espacios compartidos representan uno de los ejemplos más claros de esta complejidad. Una costa puede ser al mismo tiempo un ecosistema, una fuente de ingresos, un destino turístico, un espacio de convivencia y un elemento central de la identidad local. Es natural que diferentes actores tengan visiones distintas sobre cómo utilizarla. La existencia de esos desacuerdos no constituye un problema. De hecho, es una consecuencia normal de vivir en sociedades plurales.

La pregunta relevante, entonces, no es cómo eliminar las diferencias, sino cómo gestionarlas. Ahí es donde la gobernanza abierta adquiere especial relevancia. Su propósito no es garantizar unanimidad ni impedir cualquier transformación del territorio. Su aporte consiste en crear procedimientos que permitan incorporar distintas perspectivas antes de que las decisiones estén completamente definidas. En otras palabras, busca que la conversación comience antes que el conflicto.

Algunas experiencias internacionales muestran el potencial de este enfoque. En Kenia, por ejemplo, iniciativas de gobernanza costera han reunido autoridades públicas, comunidades locales, organizaciones sociales y actores económicos para participar en la gestión de paisajes marinos compartidos. Estos espacios no buscan que todos piensen igual ni que desaparezcan los intereses contrapuestos. Su objetivo es generar mecanismos donde las distintas visiones puedan expresarse, discutirse y procesarse antes de convertirse en disputas más difíciles de resolver.

La discusión sobre la pantalla flotante en Puerto Vallarta probablemente desaparecerá en unas semanas. Sin embargo, las preguntas que plantea seguirán acompañándonos. Nuevas tecnologías, nuevas formas de publicidad y nuevos modelos de negocio continuarán encontrando maneras de utilizar espacios que hasta hace poco parecían quedar fuera de estas dinámicas. Cada una de estas innovaciones traerá consigo beneficios potenciales, riesgos percibidos y visiones encontradas sobre lo que resulta deseable.

Frente a esa realidad, el desafío no será únicamente determinar qué está permitido y qué no. Será construir instituciones capaces de procesar desacuerdos legítimos antes de que se conviertan en controversias públicas. La principal promesa de la gobernanza abierta no consiste en eliminar los conflictos. Consiste en ofrecer mecanismos para que esos conflictos puedan discutirse de manera transparente, participativa y colaborativa cuando todavía existe margen para deliberar.

Quizá esa sea la lección más interesante que deja el caso de Puerto Vallarta. No porque exista una respuesta sencilla sobre qué debería hacerse con el horizonte de una bahía, sino porque nos recuerda que, en una democracia, tan importante como la decisión final es el momento en que comienza la conversación. La gobernanza abierta no existe para garantizar que todos estén de acuerdo. Existe para asegurar que la conversación comience antes de que el conflicto lo haga.