Foto: Coordinación de Comunicación Social Cámara de Diputados
El diputado Reginaldo Sandoval plantea tipificar la explotación reproductiva en la Ley General de Trata de Personas para frenar la mercantilización del cuerpo de las mujeres.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, integrante del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para sancionar con penas de cárcel a quien cometa el delito de explotación reproductiva mediante gestación subrogada. La propuesta busca modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, castigando a quien promueva, gestione, financie o celebre contratos de alquiler de vientres, con o sin fines de lucro.
La iniciativa establece condenas de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 50 mil días a quienes participen en este tipo de acuerdos. Las sanciones se elevarán de 15 a 25 años de cárcel cuando la gestación involucres a menores de 18 años, personas vulnerables, engaños o coacción, así como cuando intervengan redes de la delincuencia organizada o se mantenga privada de la libertad a la mujer gestante durante el proceso.
El proyecto normativo prevé además penas de 5 a 15 años de prisión para personal médico, notarios públicos y abogados que, con conocimiento de causa, transfieran embriones, certifiquen contratos, otorguen asesoría o inscriban al recién nacido alterando su filiación de parto. En el caso de servidores públicos o profesionales colegiados, la propuesta contempla la destitución e inhabilitación inmediata de sus cargos o patentes.
Un aspecto central de la iniciativa formulada por Reginaldo Sandoval Flores es que las mujeres gestantes no serán sujetas de responsabilidad penal y recibirán estatus de víctimas con derecho a atención médica,psicológica y reparación del daño. Asimismo, se decreta la nulidad absoluta de cualquier contrato de subrogación, garantizando en todo momento la protección integral y los derechos de identidad de los recién nacidos de acuerdo con el interés superior de la niñez.
El legislador petista argumentó en su exposición de motivos que la maternidad subrogada se ha transformado en un negocio transnacional donde despachos y clínicas privadas captan más del 85 por ciento de las ganancias, vulnerando la dignidad humana. “Para el caso de México el costo integral de un procedimiento de gestación subrogada asciende en promedio a 90 mil dólares, cobrados por despachos, intermediarios y clínicas privadas, de los cuales la mujer gestante recibe una contraprestación de entre los nueve mil y 10 mil dólares, captando las agencias y redes mercantiles la mayor parte de la renta generada”, concluyó Reginaldo Sandoval Flores.
