La Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de una intensa confrontación ideológica tras la discusión sobre las reformas a la Ley Federal de Derechos. Durante el debate, legisladores de las distintas fracciones parlamentarias fijaron posturas encontradas respecto a la actualización de cuotas para servicios migratorios,consulares, licencias sanitarias, uso del espectro radioeléctrico y aprovechamiento del espacio aéreo nacional.

Desde la bancada de Morena, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes sostuvo que las modificaciones buscan un equilibrio justo, garantizando el acceso gratuito a 53 museos y zonas arqueológicas, además de reducir un 12 por ciento el costo del espectro de telefonía móvil para ampliar la cobertura en áreas prioritarias. “Paga quien usa y aporta más quien más aprovecha. Un derecho no es un impuesto, es lo que paga quien recibe un servicio concreto del Estado o quien usa un bien de la nación, las vías del tren, el espectro, el agua, el espacio aéreo”, argumentó Luis Humberto Fernández Fuentes.

En el mismo sentido, representantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, como el diputado Luis Armando Díaz, destacaron que el dictamen no afecta el bolsillo de los trabajadores ni aumenta la tarifa de los pasaportes, enfocándose en cobrar lo justo a los visitantes no residentes y a las grandes empresas que explotan los bienes nacionales.

En contraste, legisladores del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano denunciaron un afán recaudatorio que encarece los trámites cotidianos. El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández advirtió sobre incrementos desproporcionados en el sector salud,señalando que las licencias para transfusión sanguínea pasarán de mil 482 a más de 17 mil pesos, mientras que el legislador priista Yerico Abramo Masso criticó la falta de presupuesto destinado a las comunidades mineras y el uso de deuda para sostener el gasto público.

Por su parte, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, exigió que cada aumento de tarifa venga acompañado de transparencia y de una mejora tangible en los servicios públicos, señalando que el gobierno no debe utilizar los derechos como una vía rápida para allegarse de fondos. Tras el intercambio de argumentos en el Pleno, los bloques parlamentarios alistaron sus votaciones para definir el destino de la ley.