El Senado de la República recibió una minuta de la Cámara de Diputados que propone tipificar en la legislación mexicana el delito de reclutamiento de personas con fines delictivos.

La iniciativa contempla sanciones que van de los 10 a 20 años de prisión y multas de 5 mil a 50 mil días,independientemente de las penas que correspondan por otros delitos cometidos.

El proyecto, turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, busca reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

La reforma busca castigar a quien invite, induzca o reclute personas —ya sea de forma directa, por medios impresos o electrónicos— para sumarse a grupos criminales o a la delincuencia organizada.

Cuando la captación se realice mediante intimidación, amenazas, violencia o abuso de poder, el delito se clasificará como reclutamiento forzado, elevando la sanción de 15 a 25 años de cárcel y hasta 80 mil días multa.

Asimismo, las penas se incrementarán hasta en una mitad si el responsable es o fue servidor público,personal de seguridad privada o integrante de la Fuerza Armada Permanente.

También se contemplan agravantes si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, si se encuentra en situación de movilidad humana o si sufre tortura o violencia sexual.

En el caso de los servidores públicos involucrados, la propuesta establece su destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo idéntico al de la condena impuesta.

Por otro lado, la normativa plantea reducir hasta una tercera parte la sanción a quienes aporten información clave que permita esclarecer los hechos e identificar a otros implicados.

Finalmente, la cámara alta recibió otra propuesta para ampliar el plazo de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el fin de garantizar una transición gradual en los poderes judiciales federales y estatales.