El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, hizo un llamado a emprender una cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad, al advertir que este problema no se limita al Instituto Nacional Electoral (INE), sino que se extiende a gobiernos estatales y municipales de todos los partidos.

El legislador sostuvo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con la autoridad moral,legal y política para encabezar esta iniciativa y llevar a fondo las investigaciones en la administración pública.

“Vayamos a fondo en todos los ámbitos de la administración pública. La corrupción de antes y de hoy pasa también por gobiernos estatales, pasa por gobiernos municipales; por eso se requiere una cruzada contra la corrupción, la necesita este país”, enfatizó Higinio Martínez Miranda.

En ese sentido, el senador expresó que la Cámara Alta se encuentra a la espera del paquete de iniciativas anticorrupción anunciado por el Ejecutivo federal, el cual prevé modificaciones a 15 ordenamientos legales y la creación de dos nuevas leyes para reforzar la transparencia.

Durante su mensaje, el legislador cuestionó la efectividad de las instituciones actuales encargadas de la fiscalización y subrayó la necesidad de reestructurar por completo el Sistema Nacional Anticorrupción, al señalar que el esquema vigente no ha dado los resultados esperados.

Asimismo, Higinio Martínez Miranda criticó que las irregularidades presupuestales suelan ser reveladas por el trabajo periodístico antes que por los propios mecanismos institucionales.

“¿Por qué tienen que ser los medios de comunicación o los periodistas los que tienen que decirnos dónde hay corrupción?”, cuestionó el presidente del Senado al señalar que los órganos de control interno de los tres órdenes de gobierno deben asumir su responsabilidad fiscalizadora.

Finalmente, tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala del órgano electoral, el senador reiteró que una revisión profunda en el manejo del presupuesto público cuenta con el respaldo de la ciudadanía para garantizar el uso ético y transparente de los recursos del Estado.