La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos resoluciones fundamentales para garantizar los derechos político-electorales de grupos prioritarios y proteger la autonomía financiera de los gobiernos municipales en el país.

En el primer fallo, el Pleno de la SCJN determinó la existencia de una omisión legislativa atribuible al Congreso del Estado de Quintana Roo por no incluir acciones afirmativas que aseguren la participación política de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.

En consecuencia, el Alto Tribunal vinculó a los legisladores quintanarroenses para que, previa consulta a las personas con discapacidad, emitan las reformas necesarias antes del periodo de veda electoral correspondiente al proceso local de 2030.

Para este caso, el Máximo Tribunal estableció un precedente al definir que basta con una mayoría simple de cinco votos para declarar una omisión legislativa en acciones de inconstitucionalidad, una interpretación acorde con el nuevo diseño constitucional.

Por otra parte, la Suprema Corte invalidó la omisión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) al no responder formalmente las solicitudes del Municipio de Zacatecas para desincorporar a su personal de dicho régimen.

La resolución destaca que el artículo 115 constitucional garantiza la autonomía municipal sobre su administración y hacienda, por lo que el organismo de seguridad social no puede mantener al ayuntamiento dentro de un esquema voluntario de forma indefinida sin otorgar una respuesta fundada y motivada.

La SCJN dio un plazo de 60 días hábiles al ISSSTEZAC para emitir una resolución integral respecto a la terminación del convenio celebrado en 1987, ordenando además la coadyuvancia del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para resguardar las finanzas locales y los derechos de las personas trabajadoras en activo y pensionadas.