El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma integral a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de reconocer formalmente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El dictamen se avaló en el Pleno con 89 votos a favor, logrando el respaldo de las distintas fuerzas políticas para armonizar la legislación técnica agraria con las recientes reformas al artículo 2 constitucional.

La modificación legal dispone la incorporación permanente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a los trabajos de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, asegurando que los pueblos originarios participen de forma directa en el diseño de las políticas públicas del sector.

Con este cambio, los legisladores buscan garantizar el acceso al uso y disfrute preferente de los recursos naturales en sus territorios, respetando la integridad de sus tierras y sus formas comunitarias de organización.

Durante la presentación del dictamen, la senadora Mely Romero Celis, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, enfatizó la responsabilidad del Congreso de adaptar las leyes normativas para resguardar a “quienes han constituido la columna vertebral de nuestra nación”.

La legisladora subrayó que los sistemas tradicionales de producción de estas comunidades protegen la riqueza biocultural del país y representan un pilar indispensable para sostener la seguridad alimentaria de México.

Por su parte, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, integrante de la bancada de Morena, destacó que la reforma abre la puerta a políticas con perspectiva de género y juventud en las regiones agrícolas del país.

“Al incorporarlos en esta legislación se les reconoce para que puedan participar en la elaboración de políticas que les permita a las mujeres contar con más oportunidades, a las juventudes construir un futuro en su comunidad y que producir alimentos les permita vivir con dignidad”, expresó la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz.

En el debate en el Pleno, la senadora Angélica Montes Rentería, de la bancada del PVEM, sostuvo que el dictamen representa una restructuración del marco jurídico nacional en materia de tenencia y aprovechamiento de la tierra.

La parlamentaria consideró que la medida avanza en saldar “una deuda histórica que debe saldarse con los pueblos que nos han dado identidad y que representan la composición pluricultural y multiétnica de nuestra sociedad”.

Tras concretarse su votación unánime en el Pleno cameral, la Mesa Directiva instruyó la remisión inmediata del expediente a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo constitucional.