La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, el acuerdo INE/CG562/2026 dictado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La resolución emitida en la Ciudad de México ratificó la validez de los lineamientos y la convocatoria para verificar el porcentaje de firmas requeridas para el registro de candidaturas independientes a diputaciones federales de mayoría relativa en el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Con este fallo, el máximo tribunal electoral respaldó el uso obligatorio de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE como el método ordinario de captación de respaldos populares.

La controversia tuvo su origen cuando un ciudadano promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales alegando que la herramienta tecnológica violaba el derecho a ser votado, presentaba fallas y generaba tratos desiguales frente a la formación de partidos políticos.

El impugnante solicitaba que se permitiera el uso generalizado de cédulas físicas en papel, argumentando que el sistema digital se basaba en pruebas obsoletas y no garantizaba la protección de datos personales.

A propuesta del magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, la Sala Superior determinó en el expediente SUP-JDC-503/2026 que la aplicación persigue un fin constitucionalmente legítimo enfocado en brindar certeza, oportunidad y autenticidad al registro de los apoyos.

El pleno remarcó que el uso del software no se apoya únicamente en pruebas piloto pasadas, sino en la experiencia acumulada a lo largo de múltiples procesos comiciales y mecanismos de participación ciudadana.

Los magistrados precisaron que el modelo incluye excepciones para utilizar formatos impresos en municipios de muy alta marginación o en zonas con declaratoria de emergencia por desastres naturales.

Asimismo, la sentencia subrayó que el sistema respeta la normativa sobre datos personales mediante avisos de privacidad y consentimiento previo, además de ofrecer garantías de audiencia y revisión para corregir cualquier inconsistencia.

La utilización de la aplicación móvil no vulnera el derecho a ser votado ni resulta desproporcionada, ya que persigue una finalidad constitucionalmente legítima enfocada en brindar certeza, oportunidad y autenticidad,concluyó el tribunal electoral.