La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formalizó el congelamiento de cuentas bancarias a una red de empresas de materiales electorales. La acción responde a una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras detectar irregularidades sistemáticas en contrataciones públicas que superan los dos mil millones de pesos.

El anuncio lo encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enfatizó la urgencia de transparentar las compras del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para dar certeza al proceso electoral de 2027.

De acuerdo con las investigaciones presentadas por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, el grupo empresarial propiedad de los hermanos Hernández Casillas acaparó contratos durante 27 años. La red operó desde finales de los años 80 y se consolidó entre 2014 y 2023, durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello al frente del INE.

El origen de estos proveedores se remonta al Registro Nacional de Población (RENAPO) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas trabajaron bajo la tutela de Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario vinculado al priismo mexiquense y actual integrante del partido político SOMOS.

Las autoridades identificaron a firmas como Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández, Cartonera Plástica y Comercializadora JVLY. Estas compañías funcionaban como empresas fachada para simular competencia en licitaciones de paquetería electoral en al menos 23 estados.

Sobre este esquema, la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez detalló el modo de operar durante los concursos públicos: “Simulaban precios, se ponían de acuerdo sobre quién iba a ganar —que era el del precio más bajo— y se daba el fallo; aunque parezcan muchas empresas, al final los beneficiarios eran los mismos hermanos Hernández Casillas en todos los casos”.

La funcionaria explicó además que los fondos eran triangulados para evitar la fiscalización del fisco: “Para ocultar el beneficiario final, una empresa recibe el dinero, la reparte a otras diez y a otras diez hasta que se pierde. Es el comportamiento que tienen las empresas que muestran lavado de dinero y factureras”.

Respecto a la vinculación política de este grupo de contratistas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la omisión de las autoridades electorales anteriores para frenar el acaparamiento: “¿De quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE”.

La mandataria añadió sobre la falta de regulación en las contrataciones de los órganos locales: “¿Por qué no se hizo nada si sabían ellos —como sale en sus propias entrevistas, durante nueve años—, para hacer lineamientos claros de contrataciones? Más de dos mil millones de pesos en aquella época”.

En relación con la actual titular del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la jefa del Ejecutivo aclaró que fue nombrada en el órgano electoral de Sonora tras la reforma electoral de 2014 y luego electa a nivel federal por tómbola, precisando que las irregularidades provienen de administraciones pasadas: “No surgió con Taddei y nadie defiende si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí, discúlpenme, tiene muchos años y se fortaleció justo en esa época”.

Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF revisan las operaciones para recabar pruebas. De confirmarse la existencia de lavado de dinero, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, presentará las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras la ASF mantiene auditorías directas sobre los OPLE.

Como medida de solución a futuro, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la próxima semana firmará un decreto para fortalecer a la empresa estatal Talleres Gráficos de México, incorporando en su Consejo de Administración a la ASF y a instituciones académicas: “El INE y la ASF tienen que hacer su parte. A nosotros nos corresponde transparentar y fortalecer Talleres Gráficos de México; que sea una institución donde haya participación ciudadana”.