El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la Cámara de Diputados modificará el calendario del proceso para designar a la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), recorriendo las fechas clave del 8 y 9 al 13 y 14 de noviembre.

El también coordinador de la bancada de Morena explicó que esta prórroga busca construir un acuerdo amplio entre las distintas fuerzas políticas y procesar una serie de adiciones planteadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

“A mí me gustaría que saliera por consenso, no por mayoría, porque es tan delicado y tan importante el nombramiento en este momento, por la forma de la renuncia y la situación irregular que vive el INE”, sostuvo el legislador.

Ricardo Monreal Ávila reconoció que las negociaciones se desarrollan en un ambiente complejo debido a la falta de confianza entre los grupos parlamentarios, derivada de irregularidades previas registradas en el órgano electoral.

“No es fácil porque hay una desconfianza total, de todos contra todos. Es una desconfianza que surge de este despropósito, de este cúmulo de irregularidades y corrupción, que ahora la ciudadanía y los partidos tienen sus dudas”, puntualizó Ricardo Monreal Ávila.

Un equipo de legisladores integrado por Dolores Padierna Luna y Sergio Gutiérrez Luna, entre otros, se encarga de analizar la viabilidad técnica y legal de los plantamientos presentados por la oposición.

Pese a dar prioridad a la conciliación institucional, el líder parlamentario aclaró que la bancada mayoritaria no descarta avanzar mediante la votación por mayoría calificada en caso de que persistieran los desacuerdos.

“De verdad, personalmente, no me gustaría acudir simplemente a la mayoría, pero si no nos queda otra, no podemos permitir que se estanque, se obstaculice o quede incompleto el INE”, enfatizó.

Respecto a posibles ajustes en las atribuciones de la presidencia del INE, Ricardo Monreal Ávila descartó cambios inmediatos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) por restricciones constitucionales, aunque se mostró a favor de devolver facultades colegiadas al Consejo General en eventuales reformas futuras.