El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, anunció que su partido votará en contra de la convocatoria para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que el organismo autónomo requiere una reestructuración profunda e integral.

En conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador argumentó que la simple sustitución de la titularidad no solucionará el problema de confianza institucional generado por las irregularidades y filtraciones recientes.

“Nosotros vamos en contra de esa convocatoria, porque lo que requiere este país es un gran acuerdo nacional para darle certeza”, aseveró Rubén Moreira Valdez.

El líder parlamentario expresó su preocupación por la seguridad informática y el manejo de los datos biométricos de la ciudadanía, por lo que exigió auditorías rigurosas al padrón electoral.

“Se vulneraron los sistemas de seguridad. ¿Quién tiene la información de todos nosotros, los datos biométricos? ¿Alguien más tiene material para hacer credenciales de elector?”, cuestionó el diputado.

Ante este panorama, propuso convocar a un diálogo nacional que involucre a partidos políticos, especialistas,académicos y a la sociedad civil para blindar los próximos comicios de 2027, además de solicitar que se investigue con celeridad a los involucrados en las anomalías detectadas.

En el ámbito económico, Rubén Moreira Valdez adelantó que el grupo parlamentario del PRI tiene preparadas 150 reservas al dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, las cuales buscarán presentar de manera individual.

Las propuestas de modificación presupuestal incluirán incrementos salariales para policías, médicos, personal de enfermería, docentes y elementos de la Guardia Nacional, así como una ampliación de recursos para la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, el diputado criticó el formato de las comparecencias de funcionarios federales en el recinto legislativo, al señalar que las restricciones en los tiempos y turnos de preguntas limitan la rendición de cuentas y un debate parlamentario más amplio.