El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseveró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver de fondo la suspensión otorgada al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en el proceso de juicio político que se instruye en su contra.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador advirtió que resultaría un grave error que el máximo tribunal del país impida que este mecanismo constitucional surta sus efectos legales.

“Lo que ellos nos están diciendo es que el juicio político solamente procede, pero sin llegar a las últimas consecuencias, porque esto generaría una anarquía, una ingobernabilidad en el estado”, explicó el diputado al criticar los criterios que han frenado la posible remoción del mandatario estatal.

Alfonso Ramírez Cuéllar rechazó de manera tajante que una eventual inhabilitación o separación del cargo del mandatario neoleonés desstabilice a la entidad, al argumentar que la entidad cuenta con un marco institucional y social sólido para garantizar la continuidad gubernamental.

“El estado de Nuevo León tiene sus instituciones muy firmes… y la destitución, la inhabilitación de Samuel García no perjudicaría para nada, al contrario, ayudaría a que esa entidad regresara a la ruta correcta de un ejercicio presupuestal honesto, eficiente”, enfatizó el congresista de la bancada mayoritaria.

El representante parlamentario recordó que, mientras la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León mantenía la facultad de someter al Pleno el juicio político, una resolución en el ámbito administrativo y determinaciones paralelas de la SCJN frenaron el avance del procedimiento sancionador.

En otro orden de ideas, al ser consultado sobre las investigaciones relativas a presuntas irregularidades vinculadas con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, el legislador precisó que la responsabilidad inicial recae en la Fiscalía General de la República (FGR).

El diputado federal concluyó señalando que tanto el INE como la Auditoría Superior de la Federación (ASF)tienen la facultad legal de formalizar las denuncias correspondientes, recordando que la FGR también cuenta con atribuciones para actuar de oficio al tratarse de conductas catalogadas como delitos graves.