El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional sancionar penalmente las lesiones culposas ocasionadas durante la práctica médica, siempre que se demuestre de forma fehaciente que el profesional incumplió con un deber objetivo de cuidado.

Al resolver el Amparo en revisión 257/2026, originado tras la vinculación a proceso de un médico neurocirujano cuyas cirugías provocaron la disminución permanente de movilidad en la pierna de un paciente, los ministros puntualizaron que las complicaciones médicas o los resultados adversos no constituyen un delito por sí mismos.

El máximo tribunal explicó que la medicina es una actividad de medios y no de resultados, lo que significa que el personal de salud está obligado a actuar con diligencia y apego a protocolos clínicos, pero no puede garantizar la curación total.

De este modo, la SCJN avaló la validez de los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal, descartando que vulneren la libertad de trabajo o el principio de mínima intervención penal, y devolvió el expediente al tribunal colegiado para evaluar la suficiencia de pruebas sin prejuzgar sobre la culpabilidad del especialista.

En la misma sesión plenaria, el Alto Tribunal resolvió el Amparo directo en revisión 3628/2025, confirmando las reglas de caducidad en procedimientos administrativos tras una multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debido al uso ilegal de programas de cómputo con fines de lucro.

La Suprema Corte estableció que las autoridades tienen la obligación de impulsar de oficio sus investigaciones hasta dictar resolución, y que la exigencia de advertir previamente al ciudadano antes de dar por concluido un trámite tras tres meses de inactividad garantiza el debido proceso y la seguridad jurídica.

Finalmente, al analizar el Amparo en revisión 146/2026, los ministros validaron la constitucionalidad de los artículos 53 y 71 de la Ley Federal de Competencia Económica, ratificando la prohibición de acuerdos monopólicos entre competidores derivados de una investigación de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el mercado del gas LP.

El Pleno subrayó que fijar precios, restringir la oferta o repartirse mercados daña la libre competencia, aclarando que la existencia de precios máximos oficiales no exime a las empresas de cumplir la ley antimonopolios, además de avalar la ampliación justificada de los plazos de indagatoria.