Foto: Presidencia de la República
El Gobierno de México presentó un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México (TGM) y consolidarlo como una imprenta nacional con mayor transparencia, vigilancia y capacidad para producir documentos oficiales y material electoral.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la reforma se publica este 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y designa a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva titular del organismo.
“¿Qué es lo que buscamos obtener con estas acciones? Imprenta de todo el gobierno, consolidar formatos, actas, títulos y gacetas de Administración Federal; el servicio a los estados y a las OPLEs como un convenio modelo para la producción de documentación y materiales electorales”, explicó Rosa Icela Rodríguez al detallar los alcances del plan.
La funcionaria señaló que aunque TGM produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025 —además del líquido indeleble desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN)—,en el ámbito local persiste una alta dependencia de empresas privadas, ya que el 59 por ciento de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no imprimió sus boletas en este organismo público.
Para revertir esta situación y generar ahorros, la Fase 1 de la reestructura —de noviembre de 2026 a junio de 2027— amplía la Junta de Gobierno de cinco a siete integrantes, sumando a tres consejeros independientes provenientes de instituciones académicas: Ángel Eustorgio Rivera González, del IPN; Raúl Juan Contreras Bustamante, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey.
Asimismo, la nueva directora general, Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, quien es doctora en Políticas Públicas y se desempeñaba desde diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos de TGM, encabezará un esquema donde quedará prohibido contratar a empresas sancionadas o señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), además de impedir que el titular del organismo haya tenido vínculos con proveedores electorales en los últimos cinco años.
El decreto también ordena crear un padrón público de proveedores, un registro en datos abiertos de todos los contratos y procesos de producción, solicitar una auditoría anual voluntaria ante la ASF y establecer precios homologados tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE) como para los OPLE de todo el país.
En una Fase 2, proyectada de julio de 2027 a 2030, se impulsará la creación de la Ley de la Imprenta Nacional de México y una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para que la documentación y los materiales electorales sean elaborados exclusivamente por entes públicos bajo supervisión del INE.
Finalmente, el proyecto contempla modernizar la infraestructura tecnológica, crear un almacén nacional para reparar y reutilizar urnas y canceles entre elecciones, y poner en marcha una planta de producción propia entre 2028 y 2030, presentando desde 2027 informes públicos sobre los ahorros alcanzados y los resultados de las auditorías.


