En la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la agenda social y laboral resulta trascendental, coincidieron especialistas en la mesa de diálogo “Una agenda social del T-MEC”, organizada por el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.

El coordinador del PUDH, Alfredo Sánchez Castañeda, subrayó que el apartado laboral se reformula y que, con la decisión de los gobiernos de realizar una revisión anual, es prioritario discutir la agenda social. Recordó que desde la firma del Tratado de Libre Comercio hubo acuerdos paralelos en materias ambiental y laboral.

El profesor de la Facultad de Derecho, José Pablo Hernández Ramírez, señaló que aún no se ha abordado el tema del trabajo forzoso ni la debida diligencia, proceso mediante el cual las empresas deben identificar, prevenir y mitigar riesgos que afecten derechos laborales en sus operaciones y cadenas de valor.

A su vez, Juan José Díaz Mirón, también de la FD, destacó que el T-MEC contiene “las cláusulas laborales más importantes de la historia”, lo que lo convierte en una verdadera agenda social con un piso normativo mínimo para la región.

El agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, Mauricio Cortés, reconoció que los ámbitos laboral y ambiental son complejos y actualmente se encuentran en revisión, no en renegociación.

El académico de la UAM Azcapotzalco, Manuel Fuentes Muñiz, advirtió que el diálogo social requiere convergencia de actores conscientes de que el comercio internacional tiene consecuencias directas en las condiciones laborales y salariales. Señaló que el gobierno mexicano ha cuestionado el mecanismo laboral de respuesta rápida, pese a que ha abierto espacios de libertad sindical y contratación colectiva.

Por su parte, la consultora legal Claudia Patricia Juan Pineda, indígena zapoteca, expresó preocupación por la postura del gobierno estadounidense de no respetar normas internacionales. Recordó que la Convención de Viena establece principios como Pacta sunt servanda (“los pactos deben cumplirse”) y Bona fide (“de buena fe”), que obligan a las partes a mantener lo acordado.

Los expertos coincidieron en que la revisión del T-MEC debe atender de manera prioritaria los temas sociales, laborales y ambientales para garantizar un comercio justo y respetuoso de los derechos humanos.