Alcaldes rurales de Nuevo León piden más presupuesto para 2026

Foto: Última reunión de la Comisión de Presupuesto 2026. | Kevin Recio

Los alcaldes rurales de Nuevo León hicieron un llamado al gobierno estatal y al Congreso local para que en el presupuesto 2026 se reconozcan adeudos históricos y se aumenten los recursos destinados a los municipios. Argumentan que muchas comunidades enfrentan serias limitaciones para operar debido a la falta de fondos suficientes y a la desigualdad en la distribución del gasto público.

Durante una reunión entre autoridades municipales y legisladores, los ediles expusieron que los municipios más pequeños enfrentan rezagos importantes en infraestructura, salud y servicios básicos, y que en algunos casos deben destinar recursos propios para pagar nóminas o mantener en funcionamiento servicios esenciales como el alumbrado público o la recolección de basura.

En su propuesta, los alcaldes solicitaron que el porcentaje de participaciones municipales aumente del actual 20 % al 30 %, con el fin de garantizar una distribución más justa y fortalecer la autonomía financiera de las localidades rurales. Además, pidieron establecer mesas de diálogo permanentes con la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado para asegurar que las demandas sean incluidas en el proyecto final.

Los representantes municipales también exigieron el pago de fondos pendientes correspondientes a 2024 y 2025, asegurando que estos retrasos han afectado proyectos de obra pública y programas sociales. Subrayaron que la falta de cumplimiento ha obligado a frenar inversiones en caminos, redes de agua potable y atención médica, dejando a miles de habitantes en condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, los alcaldes insistieron en que esta medida no busca un enfrentamiento político, sino promover una distribución equitativa y sostenible del presupuesto que permita fortalecer el desarrollo local. Recalcaron que los municipios rurales son el primer contacto del gobierno con la ciudadanía y que sin recursos suficientes, es imposible garantizar bienestar, seguridad y crecimiento económico en las comunidades más alejadas del estado.

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