La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió resoluciones que fortalecen la transparencia en la representación institucional, la proporcionalidad en prestaciones laborales, el respeto a sus sentencias constitucionales y la certeza en la competencia judicial.

El Pleno estableció como jurisprudencia que la representación legal de una institución pública puede defender a una persona servidora multada en un juicio de amparo, siempre que manifieste expresamente que actúa en nombre de la persona física sancionada. “La exigencia de señalar claramente la calidad con la que se actúa no constituye un formalismo excesivo, sino una garantía de transparencia”, señaló la Corte.

En materia laboral, se confirmó la constitucionalidad del artículo 10 del Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas del contrato colectivo IMSS-SNTSS, que otorga prestaciones económicas adicionales al personal que labora de manera constante en áreas de alto riesgo. El Pleno concluyó que la distinción es objetiva y proporcional, pues dirige recursos reforzados a quienes enfrentan mayor exposición.

En Nuevo León, la SCJN ordenó dejar sin efecto una sentencia del tribunal administrativo que aplicó una norma ya declarada inválida en una controversia constitucional. El caso involucró al Municipio de San Pedro Garza García, que reclamó la aplicación indebida de reglas de uso de suelo. La Corte enfatizó que ninguna autoridad puede aplicar una norma declarada inconstitucional dentro del territorio de un municipio que ganó el juicio.

Finalmente, el Tribunal resolvió una contradicción de criterios y definió que los juzgados de distrito en materia administrativa son competentes para conocer amparos contra artículos de la Ley del Sector de Hidrocarburos, al concluir que las disposiciones cuestionadas regulan facultades administrativas generales y no inciden en competencia económica ni en precios o tarifas.

La Suprema Corte refuerza la claridad en la representación institucional, la proporcionalidad en prestaciones laborales, la autonomía municipal y la certeza en la competencia judicial, consolidando criterios que impactan en la vida pública y en la administración de justicia.