En el marco del Primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño, legisladores de España, Portugal, Latinoamérica y el Caribe firmaron el Pacto Alimentación Primero, un acuerdo que busca colocar la seguridad alimentaria y la nutrición en el centro de las agendas legislativas de la región. El documento establece el compromiso de fortalecer los marcos normativos nacionales y regionales, con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación adecuada como base para el desarrollo, la estabilidad social y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en México, destacó que el mayor desafío será transformar este pacto en leyes, programas y presupuestos que beneficien directamente a niñas, niños, mujeres y hombres en todos los países firmantes. “El reto más grande es que este acuerdo se transforme en leyes, programas y presupuestos en beneficio de mujeres y hombres de los países que habitan la región”, afirmó.
Durante el foro, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Verónica Noemí Camino Farjat, fue la encargada de dar lectura al documento, en el que se establece que los parlamentos deberán impulsar una agenda legislativa que garantice el acceso a una alimentación digna. “Este acuerdo impulsará una agenda legislativa que garantice el derecho a una alimentación adecuada desde la mesa directiva de los parlamentos”, señaló. También subrayó la importancia de asignar presupuesto público, promover la sostenibilidad ambiental, asegurar la igualdad de género y fortalecer la democracia en torno a esta causa.
El pacto también contempla el fortalecimiento de los capítulos nacionales y regionales del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), así como de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y la Alianza Parlamentaria Portuguesa por la Seguridad Alimentaria, bajo el respaldo de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria.
Entre sus compromisos, el pacto establece la supervisión de la aplicación de leyes y políticas en materia de alimentación y nutrición, así como la incorporación de los poderes ejecutivos y la sociedad civil en estos esfuerzos. Se busca que académicos, medios de comunicación, organizaciones sociales y el sector privado participen activamente en el diseño y evaluación de políticas públicas, con un enfoque territorial que responda a las realidades locales.
Finalmente, se acordó dar visibilidad a los avances del pacto en foros internacionales clave, como parte de una estrategia regional que promueve la cooperación legislativa para erradicar el hambre y garantizar el bienestar alimentario en todos los países de Iberoamérica y el Caribe.
