La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que las recientes reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativaincluyen avances significativos para garantizar el acceso a la justicia, agilizar los procesos y fortalecer la legalidad en México. En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora confirmó que la Cámara de Diputados ya recibió la minuta, y subrayó que el enfoque debe centrarse en los beneficios reales que estas modificaciones traerán al pueblo.

Uno de los cambios más relevantes es la regulación del amparo vía electrónica, que permitirá realizar trámites por internet, validar promociones digitales, integrar expedientes en línea y reducir el uso de papel. “Este es un cambio básico, porque ahora lo podemos hacer vía internet”, señaló Castillo Juárez, al destacar que esta medida optimiza recursos del Poder Judicial y amplía el acceso a la justicia para personas en zonas alejadas o con movilidad limitada. “Esto no quiere decir que todo será digital, sino que el esquema va a ser opcional, lo que garantiza que nadie sea excluido por esta falta de conectividad”, aclaró.

Otro beneficio importante es la reducción del tiempo para dictar sentencia, que ahora será de 60 días posteriores a la audiencia constitucional, evitando que los procesos se prolonguen indefinidamente. “Esto, pues es un cambio básico”, afirmó la senadora, al destacar que esta medida responde a una demanda ciudadana de mayor eficiencia en la impartición de justicia.

En el ámbito fiscal, la reforma elimina la posibilidad de presentar “amparo sobre amparo” como estrategia para evadir el pago de impuestos. “Aquí no se podrán ir tampoco al infinito con lo que es una cuestión de obligación constitucional y es el pago de impuestos de todos y todas las mexicanas”, expresó Castillo Juárez, al subrayar que esta medida fortalece la equidad tributaria y evita abusos procesales.

La presidenta del Senado recordó que estas reformas fueron enriquecidas mediante audiencias públicas con la participación de juristas, académicos y expertos, quienes coincidieron en ampliar el concepto de interés legítimo, reconociéndolo como colectivo e indirecto, además del tradicional enfoque individual y directo.

El dictamen también mantiene sanciones a funcionarios que no cumplan con las sentencias, reafirmando el compromiso institucional con el respeto a los derechos y la legalidad. Con estas reformas, el Senado avanza hacia un sistema más moderno, justo y accesible, que responde a las necesidades reales de la ciudadanía y fortalece la confianza en las instituciones.