Ernesto Ruffo Appel dejará de ser el preso número 6515 en el penal de alta seguridad de El Altiplano.
El juez de control Mario Elizondo Martínez determinó que el exgobernador panista de Baja California, acusado de encabezar una red criminal de huachicol fiscal, siga su proceso en prisión domiciliaria.
Su edad, 74 años, y su deteriorado estado de salud, fueron determinantes para que el juzgador modificara la medida cautelar que tiene a Ruffo en el penal de alta seguridad de El Altiplano, desde hace dos meses.
En ese lapso, perdió seis kilos y un diente, según Verónica Ruffo, su hija.
El primer gobernador panista que tuvo México será trasladado hasta el próximo lunes a su casa en Ensenada, Baja California, según su abogado, Arturo Germán.
Un comunicado de la FGR precisó que el juez de control ordenó que el imputado tenga vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional.
Pero también prohibición de salir del país, retiro de su pasaporte y visa, así como no acercarse a testigos y personas relacionadas con el caso.
Ruffo es ejemplo vivo de la justicia selectiva que se aplica en tiempos de la 4T. El panista pasa sus días encerrado junto a capos del narco, homicidas, políticos corruptos, y policías-delincuentes.
Mientras, el gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya, de Morena, permanece tranquilo en su casa de Culiacán, a pesar de que EU lo acusa de vínculos con Los Chapitos y pide su detención provisional con fines de extradición.
La detención de Ruffo Appel se produjo en medio del escándalo provocado por la publicación de las llamadas de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, en las que ofrece a supuestos agentes de EUinformación de las mesas de seguridad, a cambio de que le devuelvan su visa.
No son pocos los que afirman que el encarcelamiento del opositor panista fue utilizado para tapar el escándalo de las llamadas de Marina del Pilar.
Su detención provocó manifestaciones, protestas y hasta la creación del Comité Plural por la Libertad de Ruffo, al que pertenecen personalidades de la talla de Mariclaire Acosta, Emilio Álvarez Icaza, María Amparo Casar, Jorge G. Castañeda y Edmundo Jacobo Molina.
Pero también el expresidente Vicente Fox Quesada, el dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta, y los exgobernadores Alberto Cárdenas Jiménez, Carlos Medina Plascencia, Francisco Javier Ramírez Acuña, Rubén Moreira y Juan Carlos Romero Hicks.
El citado comité, coordinado por Verónica Ruffo, dio a conocer un pronunciamiento con motivo del cambio de la medida cautelar a Ernesto Ruffo.
Dice: “Afirmamos, sin duda alguna, que el exgobernador de Baja California es inocente de los supuestos delitos por los que fue recluido ilegalmente en el penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
“La modificación para que continue su proceso en prisión domiciliaria atiende a lo que la ley establece por edad, motivos de salud, y a que la defensa acreditó que no existe riesgo de sustracción de la justicia. Es el principio para demostrar su total inocencia”, puntualiza.
Al puro estilo de la 4T: lo que la FGR anunció como “el mayor golpe al contrabando de hidrocarburos” en la historia de México (59 millones de litros de combustible) no fue tal. Las dudas comenzaron cuando la empresa, Grupo SIMSA, mostró los permisos vigentes para almacenar 59 millones 36 mil 870 litrosde gasolina regular, premium y diésel.
Pero también cuando quedó claro que el combustible encontrado no es de su propiedad, sino de clientes que deben acreditar su legalidad, entre ellos Pemex.
El mismísimo Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reconoce “anomalías” en el decomiso gigante.
El abortado engaño desembocó en la renuncia del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala.
García Harfuch explicó: “Fue destituido porque el equipo de la fiscal general encontró ciertas anomalías en este operativo”. En la mañanera de ayer, celebrada en Villahermosa, Tabasco, Harfuch aceptó que todavía no está comprobado que sea huachicol.
Dijo también que ahora la FGR está revisando, desde el primer aseguramiento, toda la documentación que ya entregaron las empresas.
Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública durante la presidencia de Enrique Peña descalificó la versión que lo ubica como sucesor de Jorge Álvarez Máynez como coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. “Son puros chismes y rumores por mi presencia en MC. Estoy concentrado en trabajar en lo que me encargan Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, sin hacer caso a las grillas. Ya estoy muy curtido en eso”, nos dijo, vía WhatsApp.