La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un proceso de investigación por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), informó su titular, Aureliano Hernández Palacios, al presentar la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025 en la Cámara de Diputados.

El auditor superior señaló que las indagatorias abarcan el periodo de 2014 a 2026 e incluyen no sólo a los organismos electorales, sino también a dependencias gubernamentales, empresas proveedoras y servidores públicos que pudieran estar relacionados con posibles actos irregulares en el manejo de recursos públicos.

Hernández Palacios explicó que la ASF realiza una revisión exhaustiva apoyada en las nuevas facultades que le fueron otorgadas, lo que permite llevar a cabo auditorías integrales sobre el 100 por ciento del gasto público, en lugar de revisar únicamente muestras representativas.

“En materia del INE, estamos haciendo un trabajo exhaustivo con todas las instancias que tienen que ver con el combate a la corrupción, estamos trabajando de la mano con todos los organismos, incluido el Órgano Interno de Control, para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó.

El funcionario indicó que ya fueron enviados 32 oficios a los gobiernos estatales para conocer la forma en que se administran y distribuyen las participaciones federales destinadas a los organismos electorales locales. La intención es revisar el flujo de recursos del Ramo 28, detectar posibles sobreprecios y analizar el comportamiento financiero de los OPLES desde el año 2000.

Como parte de las investigaciones, la ASF también analiza la participación de grupos empresariales que prestan servicios a órganos electorales y revisa si existen posibles conflictos de interés entre proveedores y funcionarios públicos involucrados en contrataciones o nombramientos.

“Estamos trabajando en un esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que pueden tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos”, sostuvo.

Respecto a la posible participación de actores políticos, el auditor aseguró que se investigará cualquier indicio relacionado con conflictos de interés, tráfico de influencias o mal uso de recursos públicos, independientemente de quién resulte involucrado.

Además, adelantó que la ASF busca presentar denuncias derivadas de las auditorías integrales a más tardar en febrero próximo, aunque aclaró que las denuncias penales podrán presentarse de manera inmediata si durante las investigaciones se detectan posibles delitos.

“En el momento que nos demos cuenta del ilícito vamos a acudir a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia penal. Ya no tenemos que esperar que concluya todo el proceso de fiscalización”, enfatizó.

Durante la conferencia también se abordaron investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en Nuevo León y Sinaloa. Hernández Palacios afirmó que la ASF ha identificado patrones en el movimiento de recursos públicos que podrían indicar transferencias hacia personas cercanas o familiares de servidores públicos, aunque evitó dar nombres para no afectar el debido proceso.

“Tenemos mapeado exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público y cómo llegan directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados”, declaró.

Sobre las versiones que vinculan las investigaciones con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el auditor evitó pronunciarse y reiteró que los resultados se darán a conocer una vez que concluyan las indagatorias correspondientes.

Otro de los casos que mantiene bajo investigación la ASF es el relacionado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)y el fallido examen virtual de admisión que tuvo que repetirse de forma presencial.

De acuerdo con Hernández Palacios, la ASF ha contado con la colaboración de las autoridades universitarias, incluido el rector, para determinar responsabilidades administrativas derivadas de posibles irregularidades u omisiones.

“Hemos tenido la mayor cooperación de las autoridades por parte de la UNAM e incluso hemos tenido la solicitud para intervenir por parte del rector”, señaló.

El auditor explicó que en este caso se aplicó un nuevo mecanismo precautorio para evitar la eliminación de información contenida en servidores informáticos relacionados con la investigación.

Finalmente, Aureliano Hernández Palacios llamó al Congreso a impulsar nuevas reformas legales que fortalezcan las facultades de la ASF, con el objetivo de actuar con mayor rapidez, sancionar irregularidades de manera inmediata y recuperar recursos públicos obtenidos ilícitamente.

“Lo que queremos es tener la capacidad y los instrumentos legales para sancionar en el momento que detectemos una irregularidad y contar con facultades para resarcir el daño al erario”, concluyó.