La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aseguró que actuará con todo el rigor legal frente a cualquier anomalía en el manejo del erario, sin importar la jerarquía o el cargo de los funcionarios involucrados.

Al presentar 374 informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el titular del organismo, Aureliano Hernández Palacios Cardel, advirtió que la desviación de recursos perjudica directamente el bienestar de la ciudadanía.

“No importa quién haya cometido una irregularidad, qué cargo ocupe o a qué institución pertenezca: si existen elementos para investigar, la ASF actuará conforme a la ley”, sentenció el funcionario.

El auditor explicó que las revisiones detectaron más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno, destacando observaciones millonarias en dependencias federales como la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios.

En el ámbito estatal y municipal, las auditorías señalaron miles de millones sin comprobar en sectores prioritarios como salud y educación, aunque se reportaron reintegraciones anticipadas por parte de diversas entidades federativas, principalmente en servicios médicos.

Asimismo, Aureliano Hernández Palacios destacó que en tan solo seis meses de gestión se han presentado 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, logrando la judicialización de expedientes previos e implementando acciones penales preventivas en auditorías en desarrollo.

Entre las investigaciones destacadas figura el seguimiento a presuntas irregularidades en la plataforma del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el inicio de indagatorias de oficio sobre contratos vinculados al Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“La corrupción no solamente representa un daño al erario, representa un daño directo al bienestar y al futuro de nuestro país”, recalcó el auditor, al tiempo que propuso nuevas herramientas jurídicas y tecnológicas para combatir la simulación y el uso indebido de los recursos públicos en México.