La política exterior de México ha tenido históricamente como uno de sus fundamentos más sólidos la defensa del derecho al asilo y al refugio, figuras jurídicas profundamente arraigadas tanto en el orden legal como en el espíritu humanista del país. Así lo afirmaron especialistas y funcionarios durante el foro “El exilio y el asilo, una expresión del humanismo mexicano”, celebrado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.

En un videomensaje, María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores y responsable de las relaciones bilaterales con África, Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, explicó que “la historia del asilo tiene una base sólida en el orden jurídico mexicano y está fundamentada en el derecho internacional, en especial en los tratados de los cuales el Estado mexicano es parte”.

Detalló que el marco legal nacional contempla dos principios clave: el artículo 11 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, y el artículo 89, que distingue jurídicamente entre el asilo y el refugio. Mientras el asilo político se otorga a personas perseguidas por razones políticas cuya vida está en riesgo, el refugio se concede a quienes huyen por motivos de raza, religión, grupo social, opiniones políticas o condiciones económicas.

“En América Latina, esta definición se ha ampliado para incluir situaciones como violencia generalizada, conflictos internos, agresiones extranjeras y violaciones masivas de derechos humanos”, añadió Mercado Pérez, quien también aclaró que el asilo puede ser territorial (dentro del país) o diplomático (en embajadas o consulados), y que su otorgamiento no implica injerencia en asuntos internos de otros países.

En México, el procedimiento para obtener la condición de refugiado es de carácter administrativo y está a cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). En cuanto al asilo político, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la instancia responsable, conforme a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Durante su intervención como moderador, el director del CIALC, Gerardo Torres Salcido, destacó la responsabilidad de la UNAM como institución académica para preservar y fortalecer esta tradición humanista. “Existen trabajos que han documentado diferentes sucesos que han aportado al país pensamientos, cultura e intercambios, al mismo tiempo que han protegido a extranjeros perseguidos por su condición política o social”, señaló.

El investigador del CIALC José Francisco Mejía Flores ofreció un panorama histórico de los exilios en México durante los últimos 25 años, recordando que el país ha sido refugio para personas expulsadas por sus ideas políticas, particularmente en momentos clave de la historia de América Latina. “El Estado mexicano ha sido celoso defensor de las garantías de quienes recurren al derecho de asilo y exilio”, afirmó.

Subrayó además la importancia geopolítica de México, al compartir una frontera de más de tres mil kilómetros con Estados Unidos, lo que lo convierte en punto de tránsito, refugio e incluso residencia definitiva para muchas personas en situación de persecución o desplazamiento.

El especialista recordó los casos emblemáticos de exilio como el de los españoles tras la Guerra Civil, así como los exiliados del Cono Sur —argentinos, brasileños, uruguayos y chilenos— que huyeron de las dictaduras militares entre las décadas de 1960 y 1980. También mencionó a cubanos, guatemaltecos, costarricenses, dominicanos y nicaragüenses, cuyas historias forman parte del entramado multicultural que México ha abrazado con compromiso y respeto.

A la actividad académica asistieron también figuras clave de la diplomacia mexicana como Laura Moreno, embajadora de México en Chile; Pablo Monroy, director general para América del Sur de la SRE; y Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe.

El foro reafirmó que México no solo ha sido testigo, sino protagonista en la defensa de los derechos humanos, y que el asilo y el refugio siguen siendo herramientas esenciales de su política exterior. Más allá de una postura institucional, se trata de una convicción ética que ha dejado huella en la historia del país y en la vida de miles de personas que encontraron en México un lugar para volver a empezar.