La primera jornada de 2026 del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana reunió a comunidades indígenas, académicos, sociedad civil y autoridades tradicionales en Papantla de Olarte, Veracruz, donde la Defensoría Pública Electoral (DPE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) brindó asesoría y acompañamiento a 153 personas.

Durante abril, la DPE también recibió 31 solicitudes de orientación y asesoría jurídica gratuita en el centro histórico de la Ciudad de México, principalmente de población indígena, personas adultas mayores, jóvenes y personas con discapacidad. Con estas acciones, el Tribunal refrenda su compromiso de acercar servicios especializados a quienes enfrentan obstáculos para ejercer plenamente sus derechos político-electorales.

La segunda jornada del Programa de Atención Itinerante se realizará los días 29 y 30 de mayo en Campeche, donde se conmemorarán 10 años de trabajo institucional. La agenda contempla mesas de análisis sobre el papel de las defensorías electorales, casos relevantes en la defensa de derechos político-electorales de poblaciones en desventaja histórica y la instalación de módulos de atención ciudadana en San Francisco de Campeche y Calkiní.

En la inauguración participaron figuras clave del ámbito judicial: el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Gilberto Bátiz García; la magistrada de la Sala Superior Claudia Valle Aguilasocho; así como Catalina Ramírez Hernández, Surit Berenice Romero y José Alberto Gallegos Ramírez, integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los paneles instalados en Papantla abordaron la perspectiva intercultural como base de una justicia cercana, los avances en participación política de grupos en situación de vulnerabilidad y los retos que aún persisten para acceder a la justicia electoral, como la distancia geográfica, las barreras lingüísticas y la falta de información.

La respuesta de comunidades, instituciones y academia permitió identificar asuntos que podrían derivar en solicitudes formales de servicio. Este resultado confirma que “la presencia territorial facilita el conocimiento de los derechos y acerca la justicia electoral a la ciudadanía”.