El Senado de la República, a través de las comisiones unidas de Bienestar y Estudios Legislativos Primera, avaló con 20 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones el dictamen que propone la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La propuesta legislativa, impulsada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue respaldada en bloque por estas bancadas. Por su parte, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, explicó que esta iniciativa responde a una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica publicada en diciembre de 2024.

“Con esta reforma se extingue el CONEVAL y se reasignan sus funciones al INEGI, organismo que cuenta con mayor capacidad operativa, técnica y administrativa”, sostuvo Chávez Treviño.

A partir de esta modificación, el INEGI será el encargado de medir la pobreza en México, evaluar programas sociales, emitir recomendaciones de política pública y coordinarse con los tres niveles de gobierno para mejorar la efectividad de las estrategias contra la pobreza y la desigualdad.

El dictamen también establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada de integrar las referencias y atribuciones presupuestales, así como de gestionar el sistema de evaluación del desempeño, en consonancia con el rediseño institucional propuesto.

Chávez subrayó que esta medida busca cerrar brechas de desigualdad, pobreza y exclusión social, y canalizar los recursos públicos hacia acciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos.

El senador Raúl Morón Orozco, de Morena, argumentó que las recomendaciones emitidas por el CONEVAL no lograron transformar la política social ni modificar los indicadores de pobreza, debido a que los gobiernos no estaban obligados a acatar sus observaciones. “El INEGI puede hacer ese trabajo con mayor solidez. La garantía de los derechos debe prevalecer, y así sucederá”, expresó.

Con este paso en comisiones, el dictamen se perfila para ser discutido y votado en el Pleno del Senado, donde podría consolidarse la reestructura institucional de la política social federal.