Las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos del Senado de la República, presididas por las senadoras Lilia Margarita Valdez Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega, aprobaron el acuerdo que establece la metodología y el formato de evaluación para las personas aspirantes a integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este paso permitirá avanzar en la conformación de un órgano clave para la participación ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas.

De un total de 138 registros, 44 personas completaron el procedimiento: 21 en la categoría de especialistas, 11 como representantes de organizaciones civiles y 12 como familiares de personas desaparecidas. Las y los aspirantes provienen de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Sinaloa, por lo que serán convocados con anticipación para facilitar su traslado al Senado.

“Este proceso es fundamental para garantizar que el Consejo esté integrado por perfiles con compromiso, experiencia y representatividad”, señaló la senadora Valdez Martínez, al destacar la importancia de contar con un mecanismo transparente y participativo.

El Pleno del Senado aprobó el pasado 1 de julio el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que dio origen a esta convocatoria, en la que se establece que las comisiones unidas serán responsables de recibir, evaluar y dictaminar las propuestas. El registro estuvo abierto del 21 al 25 de julio a través del sitio web del Senado.

El acuerdo aprobado indica que las juntas directivas de ambas comisiones definirán el formato de evaluación a más tardar el 30 de julio, y que el dictamen con el listado de personas elegibles deberá ser remitido a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de agosto.

El Consejo Nacional Ciudadano estará conformado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda o investigación de delitos —incluyendo al menos uno en materia forense— y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Con este avance, el Senado da un paso firme hacia la consolidación de un órgano plural y representativo, que contribuirá a fortalecer las políticas públicas en materia de búsqueda y a garantizar la voz activa de la sociedad civil y de las familias en uno de los temas más sensibles para el país.