El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar los privilegios fiscales que actualmente benefician a las bebidas electrolíticas saborizadas, comúnmente conocidas como “sueros orales”, que se venden como productos de consumo masivo pese a contener altos niveles de azúcar y aditivos artificiales. La propuesta busca alinear la política fiscal con la protección a la salud pública, estableciendo criterios técnicos que distingan entre productos médicos y bebidas comerciales.

Desde 2014, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava las bebidas saborizadas con azúcares añadidas, con una cuota que hoy asciende a $1.6451 por litro. Sin embargo, Ramírez Cuéllar señaló que muchas bebidas hidratantes con electrolitos no cumplen con la función terapéutica que alegan sus fabricantes, y por tanto no deberían estar exentas del IVA ni del IEPS.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una solución de rehidratación oral (SRO) debe contener 20 gramos de glucosa por litro. En contraste, en el mercado mexicano se comercializan bebidas con entre 5 y 7 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, lo que equivale a hasta 70 gramos por litro, superando ampliamente los límites recomendados. “No se puede permitir que bebidas con alta carga de azúcar gocen de exenciones mientras la epidemia de obesidad y diabetes sigue creciendo en México”, advirtió el legislador.

Ramírez Cuéllar aclaró que la propuesta no busca gravar productos médicos, sino establecer una distinción técnica y fiscal basada en el contenido real de azúcar. Para ello, se propone un umbral uniforme superior a 2 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, que permita determinar qué bebidas deben pagar impuestos. “Lo que queremos es que las bebidas comerciales que se disfrazan de medicamento paguen lo que corresponde. Solo así habrá equidad y coherencia en nuestra legislación fiscal”, afirmó.

El diputado explicó que, de haberse aplicado el IEPS en 2025, la venta de más de 350 millones de litros de estas bebidas habría representado ingresos por más de 591 millones de pesos. Las estimaciones más conservadoras prevén una recaudación potencial superior a 2,000 millones de pesos anuales, equivalente al 3% del presupuesto de la Secretaría de Salud.

La iniciativa busca acabar con privilegios fiscales injustificados, fortalecer la coherencia normativa y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas mediante una política fiscal que incentive hábitos más saludables. Con este planteamiento, Ramírez Cuéllar pone sobre la mesa un debate que vincula la salud pública con la justicia tributaria, en un contexto donde el consumo de bebidas azucaradas sigue siendo un factor de riesgo para millones de mexicanas y mexicanos.