El proyecto, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra, ampliando la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

La reforma incorpora a la CNIE a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, para el análisis de asuntos estratégicos, participarán como invitados permanentes con voz la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La normativa establece que se requerirá la autorización previa de la CNIE cuando la inversión extranjera pretenda superar el 49 por ciento del capital en empresas que manejen tecnologías críticas, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, nanotecnología y energía.

Además, la medida aplica a sociedades que operen en el suministro de insumos fundamentales, seguridad alimentaria o el control de datos personales e información sensible.

Para sancionar incumplimientos, se actualizaron las multas utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), imponiendo sanciones que van de cinco mil a 200 mil UMA a quienes entreguen acciones o incumplan medidas de mitigación sin el aval correspondiente.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, afirmó que el cambio busca equilibrar la apertura de capitales con la soberanía nacional.

“Proteger la estabilidad del Estado mexicano no está peleado con recibir inversión internacional; la madurez de una nación se mide en su capacidad de atraer capitales y mantener el control absoluto de sus intereses estratégicos”, aseveró Emmanuel Reyes Carmona.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expuso que las modificaciones otorgan instrumentos claros para salvaguardar el crecimiento económico.

Desde la bancada de Morena, la senadora Octavia Hernández Farret consideró la medida como un estímulo para que las familias migrantes inviertan en proyectos productivos en sus comunidades de origen.

En contraste, el senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, advirtió que la presencia militar en la política de inversiones no favorece la llegada de capitales.

Por el PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena sostuvo que la tecnología debe regularse como un bien estratégico para coordinar la atracción de negocios con el resguardo de la soberanía.

A su vez, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, demandó acotar con precisión el margen de actuación de las Fuerzas Armadas en los procesos económicos.

En el mismo sentido, el senador de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda Pavón, rechazó la incorporación de mandos militares en tareas administrativas ordinarias de la CNIE.

Tras desestimar las reservas presentadas por la oposición, la asamblea ratificó el texto en lo particular con 65 votos a favor y 28 en contra, remitiendo el dictamen a la Cámara de Diputados para su revisión.