Mientras el gobierno mexicano celebra que el arbitraje internacional con Vulcan Materials concluyó con una indemnización muy inferior a la reclamada por la empresa estadounidense, en Washington la lectura es distinta.
Para la administración del presidente Donald Trump, el expediente Vulcan se ha convertido en un caso de referencia sobre la protección de las inversiones, el respeto al Estado de derecho y la certeza jurídica que México ofrece a los inversionistas estadounidenses, precisamente cuando ambos países se preparan para la revisión del T-MEC.
El propio laudo únicamente analizó actos ocurridos entre 2018 y 2021. Sin embargo, las medidas más controvertidas —cierre de operaciones en Quintana Roo en 2022, ocupación de instalaciones en 2023 y declaratoria de Área Natural Protegida en 2024— quedaron fuera del procedimiento arbitral. El caso sigue vivo políticamente en Estados Unidos.
Durante los últimos cuatro años, legisladores republicanos y demócratas han intervenido de manera constante, enviando cartas, cuestionando al Departamento de Estado, promoviendo comparecencias de Antony Blinken y presentando iniciativas legislativas para reforzar la protección de las inversiones estadounidenses en el extranjero.
Uno de los hitos más relevantes ocurrió en marzo de 2026, cuando la Cámara de Representantes aprobó la Defending American Property Abroad Act, iniciativa que protege activos estadounidenses frente a expropiaciones o confiscaciones por gobiernos extranjeros, incluyendo restricciones para embarcaciones que utilicen puertos o instalaciones de una toma ilegal.
La revisión del T-MEC avanza en un entorno de diferencias con Washington sobre reglas de origen, política energética, medidas sanitarias, comercio agroalimentario y compromisos de inversión. Del lado estadounidense, la negociación está encabezada por Jamieson Greer y Howard Lutnick, mientras que por México participa Marcelo Ebrard.
En ese contexto, Vulcan es un expediente que podría usarse como ejemplo para exigir mayores garantías sobre propiedad privada, Estado de derecho y protección de inversiones durante la revisión del T-MEC.
Aquí tienes el texto con el uso correcto de mayúsculas y minúsculas, además del énfasis en las ideas principales y un extracto breve para pie de nota:
Susurros
En la industria de juegos y sorteos, en vía de la AIEJA, de Miguel Ángel Ochoa, apoyan el trabajo del gobierno federal de Claudia Sheinbaum y Gobernación de Rosa Icela Rodríguez para combatir la ilegalidad en el sector, al mismo tiempo que se trabaja en una nueva ley que regule y ponga reglas claras. La postura del organismo parte de una realidad que ya no admite postergaciones: la operación de establecimientos clandestinos representa un problema de seguridad pública, recaudación fiscal y combate a estructuras delictivas. El cumplimiento de obligaciones regulatorias y financieras sólo tiene sentido cuando las autoridades también actúan contra quienes operan al margen de la ley.
La atracción de la Suprema Corte, de Hugo Aguilar Ortiz, del litigio fiscal de Interjet por 689 mdp trasciende el cobro a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, y coloca bajo la lupa la estrategia jurídica de Francisco Javier Mondragón Alarcón, representante legal de la extinta aerolínea durante pandemia. El expediente obliga a revisar si su estrategia contuvo la contingencia o contribuyó a agravarla. Entre los episodios cuestionados figura la apuesta por 22 aviones rusos Sukhoi Superjet 100, proyecto con fallas de mantenimiento, escasez de refacciones y aeronaves inmovilizadas en Toluca que operó Mondragón Alarcón. El fallo determinará si la defensa protegió sus intereses o profundizó el cerco sobre los accionistas.
Philip Morris México, dirigida por Manuel Chinchilla, obtuvo la certificación Great Place to Work por sus indicadores de adaptación al cambio, permanencia y recomendación entre colaboradores. El reconocimiento se suma a Equal-Salary, que acredita igualdad salarial entre mujeres y hombres. De sus más de 1,500 empleados, 32% son mujeres y ocupan 41% de las posiciones directivas; además, la empresa reporta un índice de inclusión de 91%.
— Dolores Colín
