La conclusión de la huelga de Cananea, iniciada en 2007, marca un hecho histórico en el país. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se avanza en un modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la garantía de que la justicia social y ambiental sea el principio rector de las acciones del Gobierno de México. “Como gobierno de la transformación, escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de las que se tenga registro en la historia de México”, expresó.

Rodríguez detalló que desde hace unos días se cubren de manera directa las indemnizaciones de los mineros, viudas y familias, entendiendo que no se trata solo de recursos, sino de un tema de dignidad. Recordó que en julio de 2021 se puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, con cinco ejes: trabajo digno, atención médica y medicamentos gratuitos, mejoramiento urbano, bienestar, salud ambiental y derecho al agua.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto con líderes sindicales de la Sección 65, acudió en noviembre de 2024 a la Secretaría de Gobernación para solicitar salida al conflicto laboral. La Presidenta instruyó encontrar soluciones entre Grupo México y los trabajadores, con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda.

En materia ambiental, desde febrero de 2025 se inició un diagnóstico para atender la demanda de las comunidades afectadas por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora ocurrido en 2014, que impactó a más de 20 mil personas en municipios como Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures.

El acuerdo alcanzado contempla un fondo de 2 mil 222.6 millones de pesos, con aportaciones de Grupo México (70%), el Gobierno Federal (22%) y el Gobierno de Sonora (8%). De este monto, Grupo México aportará 1,500 millones de pesos, más 59 millones depositados previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el Gobierno Federal invertirá 483.6 millones y el estado de Sonora 180 millones.

El plan integral incluye acciones de justicia ambiental, como estudios de suelos y sedimentos, saneamiento del suelo contaminado y monitoreo permanente del río Sonora. En agua, se instalará un Centro de Visualización de la calidad del agua en tiempo real, se fortalecerá el Laboratorio Regional del Noroeste y se construirán 16 nuevas plantas potabilizadoras, además de sistemas de desinfección y adecuaciones en plantas existentes.

En salud, el IMSS Bienestar transformará el hospital comunitario de Ures en un Hospital Regional con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, área de cuidados intensivos, centro de salud renal con seis sillones de hemodiálisis y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología. El actual hospital se convertirá en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados.

La secretaria Rodríguez subrayó que este acuerdo culmina una lucha de 18 años y refleja la voluntad de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantuvo firme para que los trabajadores no fueran abandonados y para garantizar la defensa de los derechos ambientales de las comunidades. “El Estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia, para restituirles derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida”, concluyó.