La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una serie de resoluciones determinantes para proteger los derechos ciudadanos, frenar abusos en cobros municipales y defender la autonomía de los organismos públicos en el país.

En el caso de Morelos, el Pleno validó que el Congreso del Estado ajuste el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos estatal para el ejercicio 2026, pero anuló las cláusulas que la obligaban a pagar pensiones de su personal sin asignarle recursos extra.

Los ministros remarcaron que los legisladores pueden recortar recursos si justifican la decisión con base en la inflación, pero no pueden “imponer unilateralmente a un órgano constitucional autónomo el pago de esas prestaciones con cargo a su presupuesto sin otorgarle previamente los recursos necesarios”.

Por otra parte, la SCJN tumbó diversos artículos de la Ley de Seguridad de Tlaxcala al considerarlos discriminatorios y desproporcionados, pues exigían no tener procesos penales o administrativos pendientes para aspirar a cargos policiales.

El tribunal también eliminó exigencias ambiguas como “tener modo honesto de vivir” o “ser de notoria buena conducta”, argumentando que se basan en conceptos subjetivos que vulneran la igualdad de acceso al empleo público.

Asimismo, los magistrados invalidaron la creación de una base de datos criminal local en Tlaxcala, al recordar que la gestión de información sobre personas imputadas o sentenciadas es una competencia exclusiva del Gobierno Federal.

En Baja California Sur, el Máximo Tribunal facilitó los trámites de identidad al anular la norma que obligaba a acudir a un juicio para corregir la fecha de nacimiento en actas del registro civil, calificando la vía judicial como una “carga excesiva”.

La Corte subrayó que los procedimientos para modificar datos personales deben ser “accesibles, sencillos y evitar cargas desproporcionadas”, garantizando así el derecho fundamental a la identidad de manera rápida y administrativa.

Finalmente, la SCJN frenó los cobros excesivos en Hermosillo, Sonora, tras invalidar el artículo del Reglamento de Tránsito Municipal que fijaba multas desmedidas de hasta 100 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los ministros concluyeron que el ayuntamiento rebasó sus facultades, ya que únicamente el Congreso local tiene la atribución legal de fijar los montos de las sanciones a través de las leyes de ingresos estatales.