El Pleno del Senado de la República aprobó, con 92 votos a favor, un dictamen que fortalece las herramientas del Estado mexicano para combatir la tala ilegal y proteger los ecosistemas forestales.

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El proyecto, turnado a la Cámara de Diputados, incorpora formalmente el concepto de deforestación como la pérdida de vegetación por causas naturales o inducidas por la actividad humana.

Asimismo, faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para expedir el certificado “Libre de deforestación”, el cual acreditará que una propiedad no afecta terrenos protegidos o cuenta con los permisos de cambio de uso de suelo.

Las y los legisladores advirtieron que la pérdida de bosques se ha convertido en un problema de seguridad climática y trazabilidad comercial, impulsado por la expansión agropecuaria.

Entre las actividades de mayor impacto identificaron la siembra de agave en Jalisco, Oaxaca, Michoacán,Guerrero, Guanajuato y Nayarit; el cultivo de aguacate en los bosques de pino de Michoacán y Jalisco; y las plantaciones de palma de aceite, soya, maíz y cítricos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El dictamen señala que el nuevo certificado otorgará certeza jurídica sin sustituir otras obligaciones ambientales, impactando también a proyectos de desarrollo turístico, minería e inmobiliarios.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, destacó que el instrumento combina la protección ecológica con el crecimiento económico.

“Proteger los ecosistemas no significa cerrar las puertas al desarrollo, sino generar mejores condiciones forestales para la sustentabilidad, la conservación del territorio y la protección de la biodiversidad”, afirmó Maki Esther Ortiz Domínguez.