El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos del país, tras una investigación de análisis financiero realizada durante varios meses. Como resultado, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, además de que se suspendieron temporalmente las actividades en los establecimientos físicos involucrados, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y se congelaron cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.
También se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos fiscales y omisiones tributarias, en lo que representa una acción coordinada entre instancias financieras, fiscales y de seguridad.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para evitar que el flujo de dinero fortalezca a grupos de la delincuencia organizada. “Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, que es dar seguimiento al recurso vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
Sheinbaum agregó que las investigaciones cuentan con sustento legal y se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países. “Se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación”, puntualizó.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se iniciará una nueva etapa de prevención, en la que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen daño al sistema financiero.
Las empresas involucradas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California, y presentaban tres patrones comunes: uso de grandes cantidades de efectivo, movimiento de dinero extranjero dentro del país y operaciones digitales para ocultar el origen de los recursos. Se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y Europa.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que el esquema operaba en seis pasos, iniciando con el robo de identidad de personas como jóvenes estudiantes, jubilados o amas de casa, quienes eran enganchados mediante engaños. “Se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos”, detalló.
Con estos recursos, las personas realizaban apuestas físicas o en línea. El sistema del casino registraba ganancias millonarias, que eran transferidas de inmediato al extranjero, y posteriormente blanqueadas en paraísos fiscales o reintegradas al país mediante nuevas apuestas. En algunos casos, los usuarios sí recibían el dinero, pero eran instruidos para reenviarlo o realizar nuevas operaciones, repitiendo el proceso cientos o miles de veces.
“Este proceso se repite cientos o miles de veces y con ello el dinero es lavado”, concluyó Galeano García.
Con estas acciones, el gobierno federal busca cerrar brechas en el sistema financiero, proteger a la ciudadanía y evitar que estructuras criminales se fortalezcan mediante esquemas de lavado de dinero.


