En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC participaron en el apartado de Agenda Política para abordar la “situación política actual”, con intervenciones que reflejaron las tensiones en torno a la soberanía nacional, la seguridad y la gobernabilidad en entidades como Chihuahua y Sinaloa.

La diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) afirmó que “nuestra soberanía no se negocia ni se delega ni se entrega”, al señalar que lo ocurrido en Chihuahua no puede minimizarse ni justificarse con discursos políticos.

Por parte del PAN, Verónica Pérez Herrera sostuvo que el caso de Rubén Rocha Moya no es un rumor, sino una acusación formal en una corte federal de Estados Unidos. “En el PAN exigimos justicia y vamos a acudir a la Corte Internacional de la Haya para denunciar crímenes de lesa humanidad por los vínculos de Morena con el narcotráfico”, anunció, además de proponer la desaparición de poderes en Sinaloa.

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) recordó que la Ley de Seguridad Nacional obliga a los servidores públicos a informar sobre cualquier comunicación con agentes extranjeros, advirtiendo que la soberanía no es un concepto jurídico abstracto, sino una conquista histórica.

El priista Rubén Ignacio Moreira Valdez describió la situación política como “desastrosa”, al señalar problemas de crecimiento económico, inflación en alimentos y retrocesos en cobertura educativa.

Desde MC, Gibrán Ramírez Reyes subrayó que no se trata de oportunismo, pues desde hace más de un año han solicitado la desaparición de poderes en Sinaloa. “Tenemos que defender la soberanía, pero cumpliendo nuestros deberes de Estado”, dijo, al pedir instalar comisiones bicamerales de Seguridad Nacional.

En Morena, Mario Miguel Carrillo Cubillas acusó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de justificar la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, lo que calificó como una transgresión constitucional. Mientras que Margarita Corro Mendoza recordó que la toma de protesta es un deber constitucional y que “la patria no se vende, la patria se defiende”.

El petista Francisco Amadeo Espinosa Ramos advirtió que ninguna estrategia de seguridad puede justificar acciones unilaterales que vulneren la autonomía nacional.

Del PAN, Marcelo Torres Cofiño alertó sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales: “Cuando el narco decide quién gobierna, eso es narcopolítica, eso es captura del Estado”.

En contraste, Gabriel García Hernández (Morena) sostuvo que la soberanía emana del pueblo y convocó a una movilización en Chihuahua para defenderla.

La vicepresidenta de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán (PAN), afirmó que “aquí existen dos tipos de políticos: los corruptos que están del lado del narcotráfico y los que defienden a las familias”, al respaldar a la gobernadora Maru Campos.

Finalmente, Arturo Ávila Anaya (Morena) acusó directamente a Campos de ser “una delincuente confesa”, señalando que Chihuahua concentra el 8 por ciento de los homicidios dolosos del país.

El debate reflejó la polarización política en torno a la soberanía, la seguridad y la relación de autoridades locales con agentes extranjeros, en vísperas de la definición de un periodo extraordinario para discutir reformas judiciales y electorales.