La Cámara de Diputados aprobó, con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, la reforma constitucional que establece como causal de nulidad de elecciones la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados. El dictamen, derivado de una iniciativa del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), adiciona un inciso d) a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política y fue remitido al Senado de la República para su análisis.

En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (Morena), quien precisó que la redacción quedará: “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”. Sánchez Reyes subrayó que “más allá de los partidos políticos está la patria, la nación… en México no permitimos injerencia extranjera”.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, enfatizó que “no hay ninguna intención de desvirtuar el precepto fundamental de no permitir que gobiernos extranjeros o que cualquier agente del exterior intervenga en nuestros procesos comiciales. Ese es el fin, ese es el fondo”.

Desde el PT, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja calificó la reserva como categórica y precisa, al garantizar que la nulidad se aplicará cuando se acrediten actos de intervención extranjera. En contraste, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández(PAN) criticó la reforma por considerarla ambigua y discrecional, señalando que “sigue siendo lesiva y censura la libertad de expresión”.

Otros legisladores como Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) advirtieron que la democracia mexicana no puede quedar expuesta a poderes internacionales o campañas de desinformación. Del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez alertó sobre la necesidad de adecuar la legislación secundaria. Mientras que Ernesto Sánchez Rodríguez(PAN) cuestionó que no se legisle contra la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

El régimen transitorio establece que el Congreso y las legislaturas locales deberán armonizar el marco normativo antes del 5 de junio de 2026, y que el INE, los organismos públicos locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ajusten sus disposiciones para garantizar el cumplimiento del decreto.

El objetivo central es reforzar la protección constitucional de la soberanía nacional y asegurar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres y auténticas. La reforma reconoce que la injerencia extranjera puede manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación o presiones diplomáticas, lo que vulnera la independencia política del Estado mexicano.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, instruyó que las propuestas no presentadas en tribuna sean inscritas en el Diario de los Debates. Con ello, la LXVI Legislatura avanza en blindar los procesos democráticos frente a riesgos externos y en consolidar la soberanía como principio rector de la vida política nacional.