La Cámara de Diputados aprobó, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen que fortalece el marco jurídico de protección penal para los derechos de propiedad intelectual, enfocado en combatir de manera frontal la piratería y la falsificación de marcas en el país.

El proyecto de decreto, que fue avalado en lo particular por 281 votos a favor, 87 en contra y cero abstenciones, modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, derivado de una iniciativa enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la conclusión de la votación en el recinto legislativo, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, remitió la minuta aprobada al Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y efectos constitucionales.

Durante el desahogo de la sesión, legisladores de las bancadas de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Propiedad Industrial,así como a los artículos transitorios, las cuales fueron retiradas, desechadas o incorporadas directamente al Diario de los Debates.

Uno de los cambios centrales de la reforma es la sustitución del criterio de ánimo de lucro por el de escala comercial, el cual permite sancionar conductas que generen un impacto perjudicial significativo en el mercado, fijando un umbral a partir de 170 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La nueva legislación impone penas de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a veinte mil días multa a quienes filtren, distribuyan o publiquen películas, obras musicales o libros antes de su lanzamiento oficial en territorio nacional.

Asimismo, se fijaron sanciones de tres a siete años de cárcel a quien altere o suprima información sobre la gestión de derechos de autor a escala comercial, mientras que las penas por reparación del daño no podrán ser inferiores al 40 por ciento del valor comercial del producto original o una indemnización de hasta 50 mil UMA.

En materia de propiedad industrial, la norma incorpora el artículo 403 Bis para castigar con cinco años de prisión y multas de hasta diez mil UMA a quien utilice o imite a escala comercial la identidad gráfica, dominios o documentos oficiales de instituciones públicas para cometer fraudes o inducir al error.