Integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados se reunieron con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, para conocer el avance de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en contrataciones y adquisiciones del organismo electoral.

Durante su comparecencia, el funcionario informó que actualmente existen 18 expedientes relacionados con los hechos denunciados públicamente, de los cuales 13 se encuentran en investigación y cinco ya iniciaron procedimientos de responsabilidades administrativas.

“Cinco personas ya están determinadas por faltas graves, estos ya iniciaron su procedimiento de responsabilidad administrativa”, afirmó el titular del OIC.

Carvente Contreras explicó que entre las conductas investigadas figuran posibles conflictos de interés, ocultamiento de información, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, daño patrimonial, simulación de requisitos en contrataciones y faltas cometidas por particulares.

El contralor precisó que los contratos que han generado mayor atención pública representan aproximadamente el cuatro por ciento del universo total de contrataciones del instituto, por lo que las labores de fiscalización continúan sobre el resto de los procedimientos administrativos.

Detalló que el OIC identifica como focos de riesgo las adjudicaciones directas recurrentes a los mismos proveedores, licitaciones declaradas desiertas, contrataciones con montos superiores a los parámetros de mercado, empresas que participan de manera conjunta de forma reiterada y adquisiciones realizadas fuera de los programas anuales autorizados.

Entre los casos expuestos destacó la auditoría practicada a Comercializadora JVLY, empresa contratada para servicios relacionados con el voto electrónico de mexicanos residentes en el extranjero. Según los hallazgos presentados, se detectaron inconsistencias fiscales, documentación atribuida a otras empresas y posibles irregularidades en materia de seguridad social.

“¿Por qué ahora se dedica a un servicio integral electrónico? No tendría sentido”, señaló el funcionario al describir algunas de las observaciones realizadas durante la revisión.

Asimismo, presentó resultados preliminares de auditorías relacionadas con contratos para material electoral, donde se habrían identificado posibles sobreprecios, deficiencias en investigaciones de mercado y falta de acreditación suficiente sobre la capacidad técnica y operativa de algunos proveedores.

“Se instrumentó toda una práctica para inflar la mediana de los precios en la investigación de mercado y que resultara ganadora la empresa indicada”, sostuvo durante la sesión.

El titular del OIC informó además que ya fue sancionada e inhabilitada la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V., tras incumplir la entrega de miles de chalecos contratados por el INE.

Otra de las auditorías expuestas corresponde a contratos tecnológicos adjudicados en administraciones anteriores del organismo electoral. En ese caso se detectaron pagos indebidos que deberán ser reintegrados por más de 25 millones de pesos, así como irregularidades relacionadas con licencias de software y servicios de mantenimiento.

Durante la reunión, Carvente Contreras presentó también un estudio preliminar sobre contrataciones de material electoral realizadas entre 2014 y 2025 en organismos electorales del país.

De acuerdo con dicho análisis, cinco empresas habrían concentrado aproximadamente el 77 por ciento del mercado, con contratos que suman más de 2 mil 461 millones de pesos.

Las compañías señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.

“Estamos ante un escenario de colusión o de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, advirtió.

A lo largo de la comparecencia, legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano cuestionaron al funcionario sobre el avance de las investigaciones, la identificación de posibles responsables y las medidas adoptadas para prevenir nuevos casos.

Los diputados exigieron que se determinen responsabilidades, se fortalezcan los mecanismos de fiscalización y se garantice la transparencia en el manejo de recursos públicos dentro del organismo electoral.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Javier Octavio Herrera Borunda, afirmó que la revisión de estos casos busca fortalecer la credibilidad institucional del INE.

“No estamos aquí para debilitar al INE; estamos aquí porque queremos un INE fuerte, confiable, pero sobre todo que esté por encima de cualquier sospecha”, expresó.

Como parte de los acuerdos alcanzados, diputados anunciaron la creación de una mesa permanente de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones, evaluar posibles reformas legales y revisar los resultados de las auditorías que continúan en curso sobre contrataciones realizadas dentro del INE y en organismos públicos electorales locales.