En el marco del “2025, Año de la Mujer Indígena”, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 400 votos a favor, el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de la Economía Social y Solidaria, con el objetivo de garantizar que su aplicación observe en todo momento los principios de igualdad sustantiva, no discriminación y el reconocimiento pleno de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El dictamen fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

Los cambios a los artículos 4, 6 y 9 de la ley establecen que los organismos del sector deberán incorporar estos principios en su organización interna. Además, se sustituye el término “trabajadores” por “personas trabajadoras”, reconociendo la diversidad de quienes integran las organizaciones del sector social de la economía. Esta actualización responde a las reformas constitucionales publicadas en 2024, que fortalecen el marco legal en materia de igualdad y derechos de los pueblos originarios.

La diputada Alma Lidia De La Vega Sánchez, de Morena, explicó que el propósito central del dictamen es claro: “Reconocer la igualdad sustantiva, la no discriminación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como principios rectores de la actividad económica del sector social”. Añadió que las modificaciones avanzan en tres ejes fundamentales: garantizar que ninguna persona sea excluida por razón de género, identidad, origen étnico, clase social u orientación sexual; reconocer a los pueblos originarios; y dotar al marco jurídico de coherencia con la Constitución.

Desde el PAN, el diputado Asael Hernández Cerón celebró que la reforma “visibiliza a pueblos y comunidades en una ley que resulta de gran importancia para desarrollarse plenamente con mayor igualdad como país”. Subrayó que fortalecerá la economía de las familias indígenas y dará certeza al reconocimiento de sus derechos en el plano económico.

Por el PVEM, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar destacó que el dictamen “repercutirá de manera positiva en la consolidación de un país de iguales”, al fomentar el empoderamiento de las mujeres y el respeto a los pueblos originarios. Señaló que la economía social y solidaria puede generar empleo colectivo bajo una lógica equitativa, sin comprometer la justicia social ni la sostenibilidad ambiental.

El diputado José Luis Montalvo Luna, del PT, consideró que esta reforma coloca en el centro la igualdad sustantiva, la economía del cuidado y el derecho de los pueblos a decidir su destino. “Reconocerlos en la ley no es un regalo, es un acto de justicia histórica”, afirmó. Agregó que el dictamen representa un paso firme hacia la democracia participativa y un país donde todas las personas vivan con dignidad.

Desde el PRI, el diputado Emilio Lara Calderón expresó su respaldo a las modificaciones, especialmente por su impacto en las mujeres del medio rural. “Sabemos que estas modificaciones, si no van acompañadas de presupuesto, son letra muerta”, advirtió, y anunció que su grupo parlamentario impulsará más proyectos y programas para que la justicia y la economía social sean una realidad en el campo.

La diputada María de Fátima García León, de Movimiento Ciudadano, celebró el dictamen por incluir el respeto a la igualdad sustantiva y el reconocimiento de los pueblos originarios. “Los sectores que más han sufrido en nuestro país y en el mundo son las mujeres y los pueblos indígenas. Incluir el respeto pleno a sus derechos en todas las leyes es algo que se debe promover y defender de manera permanente”, concluyó.

Con esta reforma, la Cámara de Diputados da un paso decisivo hacia una economía más justa, incluyente y coherente con los principios constitucionales, reconociendo que la diversidad, la igualdad y la participación son pilares fundamentales para el desarrollo social y económico de México.