El gobierno de Colima ha tomado la decisión de embargar un terreno que pertenecía al exmandatario Mario Anguiano, en el marco de un proceso legal que busca hacer efectivas presuntas obligaciones económicas pendientes por parte del político. Según las autoridades estatales, el terreno se encuentra sujeto a medidas cautelares para garantizar el pago de las deudas que Anguiano podría tener con la administración pública.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de Colima para exigir transparencia y responsabilidad a sus exfuncionarios. El gobierno estatal señala que el embargo no es un ataque personal, sino una acción ejecutiva con base legal para reclamar recursos que, según sus investigaciones, corresponden al erario público.

Por su parte, representantes de Anguiano han expresado su desacuerdo con el embargo, calificándolo como una acción política motivada por intereses partidistas. Argumentan que el exgobernador ha cumplido con sus obligaciones legales y que el procedimiento no respeta adecuadamente sus derechos de defensa.

Este caso podría sentar un precedente en la entidad respecto al manejo de la responsabilidad patrimonial de los exgobernadores. Dependiendo del resultado del litigio, es posible que otras administraciones estatales adopten medidas similares para recuperar recursos públicos en manos de exempleados que hayan acumulado pasivos con el estado.