El TEPJF descarta calumnia del PRI en contra de gobernador norteño

Foto: www.te.gob.mx

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, la inexistencia de calumnia y de uso indebido de la pauta atribuidas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El fallo fue aprobado en la Ciudad de México tras la denuncia presentada por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú a raíz de la difusión de un promocional de radio y televisión transmitido en el estado de Nuevo León.

La controversia surgió por el spot titulado Ruta del Enriquecimiento, en el cual los promoventes sostenían que el partido tricolor les imputaba de manera explícita y falsa la comisión de delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

En su defensa, la representación del PRI argumentó que el contenido del material audiovisual no configuraba una imputación delictiva, sino una crítica severa a la gestión gubernamental sobre asuntos de evidente relevancia pública.

A propuesta del magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, el pleno resolvió en el procedimiento especial sancionador SUP-PSC-38/2026 que el mensaje no atribuye delitos de forma directa ni inequívoca, sino que constituye una emisión de juicios de valor.

La Sala Superior enfatizó que tanto Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su condición de titular del Poder Ejecutivo estatal, como Mariana Rodríguez Cantú, por su proyección en la vida pública, cuentan con un umbral de tolerancia mayor frente al escrutinio ciudadano.

Asimismo, los magistrados determinaron que, al desestimarse la calumnia, tampoco se actualizó el uso indebido de los tiempos de radio y televisión, pues los partidos políticos están facultados para emplear la pauta ordinaria en la deliberación de problemáticas sociales.

Las personas denunciantes, dada su calidad de funcionarios públicos y su amplia proyección, poseen un umbral de tolerancia mayor frente al escrutinio y la crítica en el debate público, precisó el fallo de la autoridad jurisdiccional.
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