La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) que pretendía cerrar una denuncia contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La resolución fue dictada en la Ciudad de México tras la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que la UTCE se negara a iniciar un procedimiento especial sancionador contra el órgano autónomo por la difusión en radio y redes sociales de la serie promocional Los Años Heridos.

En dicho material audiovisual se hace mención explícita a la violencia política de Estado de los gobiernos del PRI, atribuyéndoles actos de represión, censura, espionaje, tortura y desaparición forzada, lo que el partido tricolor catalogó como calumnia e indebida utilización de recursos públicos con impacto en la equidad contenciosa.

A propuesta de la magistrada electoral Claudia Valle Aguilasocho, el pleno determinó en el expediente SUP-REP-42/2026 que la autoridad instructora del INE incurrió en una omisión al centrar su descarte únicamente en la figura de la calumnia, ignorando el análisis sobre la posible vulneración al artículo 134 constitucional.

De igual forma, la Sala Superior concluyó que el órgano del INE rebasó sus atribuciones en la etapa inicial al catalogar apresuradamente los promocionales como meros contenidos de divulgación histórica.

El fallo de la ponencia dejó claro que definir si el mensaje tiene valor informativo o electoral es una facultad que debe juzgarse en el fondo del asunto, precisando que otorgar eficacia justificativa a la actuación de la CNDH mediante la ponderación de la finalidad del mensaje constituye una valoración de fondo que corresponde resolver en la sentencia definitiva.

Con esta determinación, la UTCE queda obligada a admitir la queja contra la CNDH, desahogar las investigaciones correspondientes y garantizar el debido proceso para evaluar la conducta del organismo público.