El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, afirmó que las instituciones comiciales están obligadas a ofrecer certeza y rendición de cuentas a la sociedad.

Las declaraciones fueron emitidas en Guanajuato, Guanajuato, durante la inauguración del Encuentro Regional de Tribunales, Institutos Electorales e INE, foro que reunió a autoridades administrativas y jurisdiccionales de la Segunda Circunscripción Electoral.

En su discurso de apertura, el titular del tribunal arbitral subrayó que en momentos de cuestionamiento público, la fortaleza de las instituciones depende de su capacidad para esclarecer, corregir lo que corresponda y cumplir sus funciones con apego a la ley.

El presidente de la Sala Superior enfatizó ante los representantes electorales de la región que la ciudadanía necesita razones verificables para confiar en que el interés público guía nuestras acciones, que la organización de las elecciones mantiene su continuidad y que sus derechos están protegidos.

El evento contó con la presencia de la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, María Dolores López Loza, y la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López.

Durante los trabajos enfocados en la preparación del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, el juzgador propuso evaluar las problemáticas regionales mediante un seguimiento operativo constante para ajustar procedimientos y criterios jurídicos.

El magistrado presidente sostuvo que el fortalecimiento del sistema arbitral se reflejará en la calidad de sus fallos, indicando que quien recibe una decisión, aun si ésta es desfavorable, debe poder reconocer que sus argumentos fueron examinados, que su voz fue escuchada, que las reglas se aplicaron con imparcialidad y que existe una explicación sólida de lo resuelto.

Finalmente, Gilberto Bátiz García comprometió a la Sala Superior a mantener un diálogo abierto con los órganos locales, aceptando que el trabajo jurisdiccional debe someterse a una revisión constante sin comprometer la independencia de cada autoridad.