Durante el encuentro académico “Análisis Técnico jurídico de la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, especialistas y autoridades comunitarias aportaron observaciones clave al proyecto actualmente en periodo de consulta por el Congreso de la Unión.

La directora del IIJ, Mónica González Contró, afirmó que la normativa es fundamental para hacer operativos los derechos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución, aunque advirtió sobre la complejidad de conciliar el pluralismo jurídico con el modelo tradicional de Estado-nación: “Esta convivencia entre el pluralismo jurídico y los derechos constitucionales de esta visión del Estado no siempre es una convivencia fácil, es compleja, y por ello una ley general que es una atribución que se da al Congreso de la Unión es extremadamente fundamental para hacer efectivas estas prerrogativas”.

Por su parte, la investigadora del IIJ, Erika Bárcena-Arévalo, expuso que el proyecto plantea un procedimiento administrativo mediante un catálogo para que los pueblos sean considerados sujetos de derecho público. Esto generó cuestionamientos por parte de la gobernadora tradicional Doraly Velasco León, quien señaló: “Si el pueblo tiene derecho a instituirse, o a organizar sus formas de gobierno, también debe tener capacidad para determinar quiénes son las personas que legítimamente ejercen esas funciones. Y la legitimidad no debería venir de alguien externo”. En esa misma línea, el abogado Arturo Aparicio Velázquez criticó el sobrecontrol estatal al argumentar que se busca uniformar las formas de organización de las comunidades.