El Órgano de Administración Judicial (OAJ) confirmó que la evaluación del desempeño aplicada al personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) no representa ningún riesgo para la estabilidad de sus empleadores.

Esta revisión responde a una atribución constitucional establecida en el artículo 100 de la Carta Magna, así como en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial, por lo que su implementación constituye un mandato legal directo.

Frente a las inquietudes expresadas por el sector laboral, la autoridad desmintió categóricamente que las pruebas programadas para diciembre de 2026 tengan como objetivo el despido de personal o la supresión de plazas.

Según los artículos transitorios Cuarto y Quinto del Acuerdo, la primera evaluación será de carácter exclusivamente diagnóstico. Esto significa que no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial.

El propósito central de este ejercicio es detectar necesidades puntuales de formación, reforzar el conocimiento técnico y optimizar la impartición de justicia en el país.

El OAJ precisó que las evaluaciones ordinarias con consecuencias legislativas se llevarán a cabo únicamente hasta que concluyan las jornadas de capacitación correspondientes.

La institución manifestó su respeto absoluto a la libertad sindical y a las manifestaciones del personal,aclarando que la evaluación busca identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial y no para justificar el despido de ningún trabajador.

Ante las convocatorias de paro registradas en diversas sedes del territorio nacional, el OAJ reiteró su apertura al diálogo constructivo para dar cumplimiento al marco constitucional y dotar al personal de las herramientas necesarias para su labor.