Con 25 votos aprobatorios de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados declaró reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permitirá al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de extorsión. Esta reforma representa un paso decisivo para combatir uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía en todo el país.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), informó que, tras el cómputo de votos aprobatorios, se emitió la declaratoria constitucional correspondiente. “El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución, declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 en materia de extorsión. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales”, anunció.

La diputada Julieta Villalpando Riquelme (Morena), secretaria de la Mesa Directiva, dio cuenta del oficio del Senado que registró 22 votos aprobatorios, y posteriormente se sumaron los de Estado de México, Sonora y Tlaxcala, alcanzando el total requerido. Las legislaturas que avalaron la reforma pertenecen a Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Con esta reforma, el Congreso podrá establecer tipos penales y sanciones mínimas en todo el país, lo que permitirá homologar criterios jurídicos y fortalecer la persecución de este delito. El régimen transitorio establece que la ley general deberá expedirse en un plazo no mayor a 180 días a partir de su entrada en vigor. Mientras tanto, las disposiciones legales vigentes en la Federación y en las entidades federativas seguirán aplicándose hasta que se emita la nueva legislación.

Esta medida busca cerrar espacios de impunidad, proteger a las víctimas y garantizar que el delito de extorsión sea atendido con coordinación nacional, claridad jurídica y sanciones efectivas. En el marco del 2025, Año de la Mujer Indígena, y bajo el lema de la LXVI Legislatura: “Soberanía y Justicia Social”, el Congreso avanza en la construcción de un marco legal más sólido para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a millones de mexicanas y mexicanos.