En el Senado de la República, especialistas coincidieron en que el feminicidio debe atenderse desde los primeros signos de violencia, con una legislación que priorice la prevención, la homologación del tipo penal y la erradicación de la impunidad.

Durante las Mesas de diálogo convocadas por las Comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera, se destacó que las violencias contra las mujeres son sistemáticas y que la nueva ley debe incluir la atención al feminicidio infantil, “brutal y en incremento”.

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó: “El Estado debe llegar cuando aparece la primera amenaza”, y advirtió que la eficacia de las fiscalías es necesaria, pero insuficiente si no se actúa desde la prevención.

Por su parte, Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal del Estado de México, señaló que la ley debe transformar los contextos estructurales de violencia y homologar criterios para judicializar casos que hoy no se procesan.

La antropóloga Marcela Lagarde afirmó que el feminicidio es un “crimen político contra las mujeres”, que debe investigarse desde las relaciones de poder y asumirse como un pacto democrático.

La defensora Karla Micheel Salas recordó que la nueva legislación permitirá cumplir compromisos internacionales derivados de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los casos Campo Algodonero, Digna Ochoa y García Andrade.

Finalmente, el especialista David Peña advirtió que la impunidad en fiscalías locales se expresa en deficiencias institucionales y resistencias dolosas, lo que hace urgente la creación de protocolos homologados de investigación.