La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades municipales tienen la obligación de evaluar los riesgos a la salud de niñas, niños y adolescentes dentro del espectro autista antes de autorizar el uso de pirotecnia en fiestas comunitarias.

El asunto surgió luego de que la madre de una menor con autismo e hiperacusia en Veracruz promovió un juicio de amparo tras considerar insuficientes las regulaciones horarias locales para prevenir los impactos causados por la hipersensibilidad auditiva.

El Pleno de la SCJN resolvió que los ayuntamientos no podrán otorgar licencias cuando adviertan que el estruendo de los fuegos artificiales afectará a personas dentro del espectro autista sin que existan medidas preventivas eficaces.

En una segunda resolución, el Alto Tribunal invalidó diversas reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) que permitían a representantes del Congreso local y del Ejecutivo estatal intervenir en la designación de la Rectoría.

Los ministros remarcaron que el intento de crear órganos internos desde el Poder Legislativo violó la autonomía y el autogobierno garantizados por el artículo 3° constitucional.

Por otra parte, la Corte estableció jurisprudencia respecto a los juicios de amparo indirecto presentados contra el congelamiento o aseguramiento de cuentas bancarias por parte de autoridades federales.

La resolución precisa que la competencia territorial corresponde al juzgado de distrito donde se ubica la sucursal bancaria contratada por el usuario, por ser el sitio en el que se ejecuta materialmente el acto.

Finalmente, el Máximo Tribunal respaldó las disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal dictadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para las plataformas de tecnología financiera (fintech).

Con este fallo se confirmó que las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) tienen la obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los intereses que generan sus inversionistas.